En respuesta, Repsol ha calificado la demanda de «infundada e improcedente» y que la estimación de la indemnización «carece de la más mínima base». Además, la empresa ha destacado que se han declarado limpias las zonas afectadas y que no tuvieron responsabilidad.
El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Julián Palacín, ha informado de la demanda judicial por daños y perjuicios presentada ante el 27º Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima contra seis demandados solidariamente: Repsol S.A. (España), Mapfre Global Risks (España), Mapfre Perú Compañías de Seguro y Reaseguros (Perú), Refinería La Pampilla (Perú), Transtotal Agencia Marítima (Perú) y Fratelli d’amico Armatori (Italia), informa la prensa peruana.
Palacín ha destacado que esta demanda está en concordancia con las normas del Código Civil: «Esta indica que quien opera un bien riesgoso o el ejercicio de una actividad riesgosa y, causa daño a otro, está en la obligación de indemnizarlo».
La demanda incluye una valoración abstracta de más de 2.800 millones de euros por los daños causados y más de 1.500 millones de euros por el daño moral a los consumidores, usuarios y terceros afectados, una cifra que será precisada por el juzgado en su sentencia.
Palacín ha indicado que «estas acciones podrían generar jurisprudencia en temas de derrames de petróleo donde se producen perjuicios y daño moral colectivo en zonas afectadas por contaminación al medio ambiente, zonas ribereñas, playas, actividades de pesca artesanal, turismo y actividades comerciales de los más de veinte balnearios afectados».
Sin embargo, para Repsol esta demanda «resulta infundada, improcedente e incongruente, porque no atiende a las causas del derrame; ni a las labores de limpieza y remediación ya completadas por Repsol», ha destacado en un comunicado.
Además, la empresa considera que las estimaciones de daños y perjuicios del INDECOPI «carecen de la más mínima base que soporte las cifras señaladas» y que no se está considerando «los cauces de atención a los afectados establecidos por la compañía, mediante la colaboración con el Gobierno».
Así, Repsol ha destacado «la culminación de las acciones de primera respuesta» en las zonas afectadas «declarándolas limpias» y que, «por iniciativa propia», la empresa ha anunciado una ayuda económica a la población afectada.
El comunicado subraya que la empresa ha llevado a cabo una serie de acciones «para devolver al litoral a su estado original» pese a «no haber sido los causantes del derrame». «Toda la información disponible hasta la fecha permite concluir que el derrame fue causado por el desplazamiento incontrolado del buque ‘Mare Doricum’ en el momento de la descarga de crudo, lo que produjo la rotura de la instalación submarina».
Unos 18.000 metros cuadrados de playa fueron afectados por el vertido de petróleo de al menos 6.000 barriles de crudo, una situación que, según defendió Repsol, fue causada por un «fenómeno marítimo imprevisible» a raíz del maremoto provocado por la erupción el pasado 15 de enero de un volcán en una isla de Tonga.
