El presidente de Argentina, Alberto Fernández, busca que el potente sector del campo desahogue las arcas públicas. El nuevo gobierno estableció por decreto aumentar los impuestos a las exportaciones agrícolas, una medida que ya le costó un enfrentamiento con el sector a la exmandataria Cristina Kirchner, actual vicepresidenta.
A partir de un decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial, los impuestos a las ventas al exterior de granos pasarán de 4 pesos por dólar exportado a una tasa fija de 9%.
En el caso de la soja, el mayor producto de exportación, se le añadirá este 9% al 18% más cuatro pesos que pagaba hasta ahora, por lo que pasará a estar gravada con un 27%.
El monto de 4 pesos por dólar exportado fue fijado por el expresidente liberal Mauricio Macri en septiembre de 2018, en búsqueda de aliviar el ahogo financiero del país. Pero este gravamen que equivalía prácticamente a un 12%, se redujo a casi la mitad por el efecto de la fuerte devaluación del peso, que el viernes cerró en 63,07 pesos por dólar, una depreciación de 70% desde enero de 2018.
«La grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas, resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos», justificó el gobierno.
Esta es una de las primeras medidas económicas de Fernández, un peronista de centroizquierda que se autodefine como progresista, quien asumió la presidencia el martes pasado en un país sumido en una recesión de más de un año, con un inflación de 55% anual y un pobreza que golpea a casi 40% de la población.
En Argentina, uno de los principales productores de alimento del mundo, el campo es el único sector que ha crecido en el país sudamericano con un alza de 46% interanual en el segundo trimestre del año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Malestar
El decreto puso en alerta al poderoso sector agrícola que ya había mantenido una fuerte disputa por los gravámenes a las exportaciones, con protestas y bloqueos de rutas que tuvieron en vilo al país, con la expresidenta Cristina Kichner (2007-2015), hoy vicepresidenta y titular del Senado.
«Esto no suma, no lo predispone bien al productor que se siente atropellado por un ánimo de revanchismo, que uno creía que estaba empezando a cicatrizar», dijo a la AFP Daniel Berdini, un productor de soja, trigo y maíz, que fue dirigente de Coninagro, confederación que agrupo a más de 100.000 cooperativas agrarias del país.
Los representantes del campo que se habían enfrentado duramente con Kirchner, que fijó los gravámenes en 35%, habían tenido un acercamiento con Fernández durante la campaña electoral.
«Fernández se había comprometido en mantener el diálogo, en que íbamos a ser consultados, que iba a tratar de que pagaran los que más tienen. Pero hoy nos desayunamos con esta suba de retenciones sin haber diálogo, ni consenso, más allá de las retenciones me preocupa el método que se usó», agregó Berdini.
Esta semana, un juez volvió a procesar por los cortes de ruta de 2008 a dirigentes del campo, ya sobreseidos, bajo una nueva figura de intento de desabastecimiento, lo que los productores entendieron como una «mala señal».
Circula en las redes sociales, una convocatoria a un «cacerolazo nacional» contra Fernández para el miércles próxmo, a 8 días de su asunción.
El sector agrícola fue uno de los principales aliados del gobierno saliente del liberal Macri, quien al asumir en diciembre de 2015 había anunciado la eliminación de los impuestos a las exportaciones, salvo en el caso de la soja, en el que comprometió una baja paulatina.
El expresidente dio marcha atrás y volvió a aplicar retenciones que prometió serían temporarias en 2018, cuando en medio de una crisis cambiaria y financiera acudió al FMI, que concedió un crédito de 57.000 millones de dólares, de los cuales Argentina ya ha recibido 44.000 millones.
Otras medidas
Fernández, que reclamó en su discurso de investidura «la solidaridad» de los sectores más favorecidos, fijó también una doble indemnización para los despidos sin causa por 180 días.
Con un desempleo creciente que alcanzó 10,6% en el segundo trimestre, el ejecutivo busca evitar que siga el deterioro del mercado laboral.
En tanto, se espera el inminente anuncio de la puesta en marcha de un «dólar turista», 20% más caro que el dólar oficial, para las compras y los gastos en el exterior.
«Lo del dólar era esperable, para no subir la cotización le pone una especie de retención y recae en el sector de más recursos», advirtió el consultor político Carlos Fara a radio Rivadavia.
