Mientras Europa avanza en la implementación del pilar 2 del acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -el denominado impuesto mínimo global a las multinacionales-, desde América Latina los gobiernos miran con cautela esta iniciativa y algunos expertos advierten sobre los riesgos de su aplicación en la región.
Lo que en un inicio parecería ser una buena noticia, porque brindaría mayor transparencia en materia tributaria nivel mundial, puede convertirse en una gran desventaja para las naciones en desarrollo.
La iniciativa, pensada desde el norte para el resto del mundo, afecta la «soberanía fiscal» de la región, puede hacerla menos atractiva para las inversiones y tiene un «limitado» beneficio para los países latinoamericanos, indicó, en diálogo con la Agencia Sputnik, el coordinador de justicia fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), Adrián Falco.
«En relación a cómo está planteado, no impacta de manera positiva en la región, tiene muchísimas complejidades y limitaciones», afirmó Falco, quien también es el secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.
La propuesta, que es respaldada por el G20 a excepción de EEUU, establece un impuesto mínimo global de 15 por ciento para grandes multinacionales.
«Sin lugar a dudas este impuesto beneficia más a los países industrializados que a las naciones en desarrollo», resumió Falco.
El experto se refirió a la posible pérdida de soberanía fiscal. «Muchos países del sur dependen de los incentivos fiscales -como exoneraciones o reducciones de impuestos—-para atraer inversiones extranjeras. Esta iniciativa podría anular esos incentivos y volver menos atractiva a la región», advirtió. Países como Panamá o Costa Rica, cuya estrategia de desarrollo se basa en parte en esos regímenes especiales, podrían verse especialmente afectados.
Además, América Latina tiene una «participación limitada» en el diseño de estas normas, dijo Falco. «La OCDE es un espacio donde se discuten reglas fiscales globales en una mesa muy pequeña», remarcó.
Por otro lado, dijo, el impuesto es percibido en ciertos momentos como una imposición, ya que los países que decidan no adherirse a este esquema global corren el riesgo de «quedarse afuera del mundo y de las inversiones».
SOBRE LA PROPUESTA
En octubre de 2021, más de 135 jurisdicciones firmaron la propuesta de un impuesto mínimo global, que estaría compuesto por dos pilares, con el objetivo de reformar «las normas de tributación internacional para garantizar que las empresas multinacionales paguen una parte justa de impuestos dondequiera que operen y que generen beneficios», explica la OCDE en el «Manual de Implementación del Impuesto Mínimo», publicado en 2024.
El primer pilar del acuerdo establece que la recaudación fiscal de las multinacionales con ventas superiores a 20.000 millones de euros debe ser redistribuida a países donde estas empresas venden sus bienes y servicios. Para hacer efectiva esta propuesta, es necesario crear una potestad tributaria supranacional.
Mientras tanto, el segundo pilar señala que las empresas, con facturaciones mayores a 750 millones de euros, deben pagar al menos un 15 por ciento de impuestos sin importar en qué país operen o tengan su sede.
De acuerdo con un informe difundido por el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), el pilar 1 aún no ha registrado avances concretos, mientras que el segundo ya está en vigor en la Unión Europea.
En tanto, varios países han avanzado en su implementación, ya sea de forma total o parcial; entre ellos Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y Suiza. Asimismo, otros como Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Singapur y Vietnam se encuentran en distintas etapas de consulta pública o adopción.
En contraste, EEUU, pese a haber sido un actor clave en la negociación del acuerdo, no ha incorporado el pilar 2 a su legislación. Incluso el presidente Donald Trump se apartó del pacto y amenazó con aplicar aranceles a los países que impongan este impuesto a las empresas estadounidenses.
EN AMÉRICA LATINA
Aunque otros países de la región, como Argentina, Chile, México, Panamá y Perú, son miembros del marco inclusivo de la OCDE y están considerando la implementación, hasta ahora, Brasil es el único que aprobó el impuesto, mediante la Ley 15.079, el 27 de diciembre del año pasado.
Asimismo, uno de los países que volvió a poner este tema en el debate público es Uruguay. El 16 de junio, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que el Gobierno analiza permitir que las multinacionales puedan tributar el pilar 2 del impuesto.
El ministro indicó que esta medida no agregaría un impuesto para empresas que ya pagan su tasa correspondiente en otro país, sino que les daría la opción de dejar ese dinero en Uruguay.
Un día antes, el subsecretario de Economía y Finanzas del país sudamericano, Martín Vallcorba, dijo que el Gobierno estima una recaudación de unos 350 millones de dólares al año. «No contemplar eso sería de una torpeza mayúscula», indicó.
Mientras tanto, en México «se deberá estar evaluando la implementación de este impuesto mínimo global en este 2025 o a más tardar en el 2026», señaló el portal El Economista.
UMBRAL Y RÉGIMEN DE INVERSIONES
Para Falco, el Impuesto Mínimo Global enfrenta varios obstáculos clave en América Latina. El primero es el umbral: solo aplica a empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales, una condición que cumplen muy pocas compañías en la región. «Solo algunos países como Brasil, Colombia, Chile, México o Argentina tienen empresas que superan ese piso. Eso deja a gran parte de América Latina fuera de cualquier posible beneficio», advirtió.
El segundo problema tiene que ver con los incentivos fiscales. La región podría ver comprometida su capacidad de ofrecer exoneraciones tributarias como herramienta para atraer inversiones, lo que la haría menos competitiva, indicó.
Sin embargo, Falco subrayó que en América Latina los incentivos fiscales son «muy altos» y que, en muchos casos, equivalen a lo que se invierte en educación. Por eso, desde la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria (PTLAC), varios países están discutiendo el rol y el impacto real de estos incentivos en sus economías.
¿Y LA RECAUDACIÓN?
El experto señaló que el beneficio fiscal potencial para la región es «limitado», debido tanto al alto umbral de ingresos exigido como a las dificultades operativas para implementarlo.
Advirtió que muchas administraciones tributarias latinoamericanas enfrentan serias limitaciones: carecen de recursos, tecnología y personal capacitado para asumir tareas de monitoreo, cálculo y recaudación del impuesto.
«La implementación del pilar 2 implica desafíos técnicos importantes, y en muchos casos podría incluso generar costos adicionales para las administraciones fiscales de la región», apuntó.
En ese marco, Falco consideró que la región tiene un «desafío muy grande» por delante: la falta de capacidad de monitoreo y gestión tributaria.
Según un artículo escrito por el director de fiscalidad internacional de Latindadd, Luis Moreno, y difundido por Global Alliance for Tax Justice, que fue publicado en agosto de 2022, con este impuesto a nivel global se generarían 275.000 millones de dólares cada año, pero el «diablo está en los detalles», ya que «el G7 y otros países desarrollados tendrían un total del 60 por ciento de los ingresos, mientras que el resto de naciones (alrededor de 120) tendrían que distribuir el 40 por ciento restante, del cual entre el 10 por ciento y el 15 por ciento se destinaría a países en desarrollo. América Latina se quedaría con tan solo el 3 por ciento de este monto».
VENTAJAS Y PAÍSES
Como aspecto positivo, el experto destacó que el impuesto mínimo global apunta a promover la justicia fiscal a nivel global, al establecer que las grandes empresas tributen de manera similar en todos los países, sin importar dónde operan. También busca desincentivar el uso de paraísos fiscales y eliminar las zonas de baja tributación.
De todas formas, el experto volvió a remarcar que «es difícil encontrar cosas positivas» de la aplicación de este impuesto en América Latina.
«La mayoría de los países de la OCDE están avanzados en esta discusión y hay otros que quieren acercarse. En algún momento parecía que el pilar 2 avanzaba con mucha fuerza. La creación de la Convención Fiscal de Naciones Unidas frenó todo ese impulso porque los países que estaban de alguna manera tratando de adaptarse al corset de la OCDE dijeron «espera un momento, hay un espacio distinto en donde podemos ir con nuevas propuestas a discutir con los países africanos, asiáticos y latinoamericanos», afirmó.
Consideró que Naciones Unidas y los países africanos están jugando un «rol muy fuerte» en esa discusión.
«En estos temas hay dos bloques muy fuertes. Uno es la Unión Europea, la OCDE, y el sur global con la Unión Africana en la cabeza que plantean nuevas propuestas para repensar el sistema y que termine siendo beneficioso para todos», remarcó.
ENFOQUE REGIONAL
Frente a este panorama, desde Latindadd proponen que América Latina adopte un enfoque regional para abordar el impuesto mínimo global, a través de la PTLAC, un espacio impulsado por la CEPAL y liderado por países como Brasil, Honduras, Chile y Colombia.
«Sería interesantísimo que los países pudieran reunirse en ese espacio para determinar cómo aplicar este impuesto mínimo global y evitar los problemas que podrían generarse», afirmó.
Además, planteó que hay caminos alternativos más viables para mejorar la recaudación y fortalecer la soberanía fiscal. «Necesitamos transparencia, acceso a la información, cooperación internacional para saber quiénes pagan y quiénes eluden impuestos en nuestros países. Ese puede ser un punto de partida más realista», indicó.
En ese sentido, consideró fundamental promover la creación de espacios supranacionales donde los países latinoamericanos puedan actuar en bloque, intercambiar experiencias y formular propuestas conjuntas. «Hace falta un planteamiento serio como región frente a la OCDE», señaló.
«Ese es el camino de la región para enfrentarse a estos países que hacen las reglas y que nos obligan a cumplirlas sin preguntarnos si efectivamente nos benefician o no», concluyó.
