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Desplazados

Desplazados de Haití están en condiciones «inhumanas» tras el magnicidio

La OPC recordó que unas mil 200 familias integradas por menores, mujeres y ancianos sobreviven el polideportivo de Carrefour.

Protestas en Haití

Protestas en Haití

La Oficina de Protección del Ciudadano (OPC) alertó este jueves sobre la situación inhumana que viven en Haití los desplazados internos por la violencia, en medio de la vorágine tras el magnicidio contra el presidente Jovenel Moïse, que dejó relegados otros problemas graves del país.

«La Oficina de Protección Ciudadana recomienda a las autoridades estatales competentes que intensifiquen sus acciones para garantizar a las familias desplazadas el acceso a las necesidades primarias y urgentes, en particular la alimentación, la atención sanitaria, el agua», manifestó la instancia que promueve los derechos humanos.

La violencia de las pandillas por el control de la salida sur de Puerto Príncipe, y otras zonas de la ciudad, provocó el desplazamiento de más de 13 mil personas desde inicios de junio, mientras se intensifica la guerra abierta entre las bandas que provocó casi un centenar de muertes, de acuerdo con organizaciones locales.

La OPC recordó que unas mil 200 familias integradas por menores, mujeres y ancianos sobreviven el polideportivo de Carrefour, transformado en refugio temporal, en condiciones «inhumanas», a pesar de las acciones puntuales de estructuras estatales y organismos internacionales.

También cientos de personas, muchos de ellos con discapacidad, fueron obligados a abandonar un campo de refugiados luego del terremoto de 2010, y reubicados en una escuela de Petion Ville, sin las condiciones necesarias.

Otros desplazados huyeron hacia el interior del país, o a casas de acogida, donde también son víctimas de la violencia sexual, alertó Naciones Unidas a finales de junio.

En la última semana, bajo estado de sitio y duelo nacional, el Gobierno se concentró en la investigación del asesinato al mandatario que incluye una amplia red de nacionales de Haití, Colombia, Panamá y Estados Unidos.

Especialmente el país norteño reconoció que entrenó a algunos exmilitares sospechosos de perpetrar el crimen, mientras otros fueron informantes de agencias federales como la DEA y el FBI.

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