El pleno de la Eurocámara ha aprobado a mano alzada una resolución en la que cuestiona, entre otras cosas, las medidas emprendidas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía contra personas que persiguen estructuras delictivas vinculadas a altos cargos del Estado o grandes empresas.
Los eurodiputados han denunciado amenazas contra operadores de justicia implicados en casos de corrupción, así como contra defensores de los Derechos Humanos y periodistas. Perciben también una campaña de descrédito sobre medios de comunicación.
Con su resolución, la Eurocámara emplaza a las autoridades del país centroamericano a garantizar el pleno respeto de la separación de poderes, por ejemplo favoreciendo la transparencia en la elección de jueces, y a investigar cualquier medidas de presión ejercida al margen de la ley.
