Giammattei ha acusado a la Administración de Joe Biden de acusar «sin pruebas o sustento», de «violar los Derechos Humanos» y de «dar valor a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala», en una dura batería de mensajes publicada en Twitter.
«Antes de hacer declaraciones o acusaciones irresponsables, insto que se presenten a los tribunales de justicia de Guatemala a resolver sus propios problemas judiciales», ha dicho Giammattei, quien ha querido poner a Estados Unidos frente al espejo.
Para el mandatario guatemalteco, «es fácil tirar piedras al techo ajeno cuando tienes uno de vidrio que no aguantará una sola pedrada», por lo que ha abogado por respetar por encima de todo la «institucionalidad». «En una democracia», ha agregado, «todos los seres humanos tenemos derecho al debido proceso».
También la Fiscalía de Guatemala ha reaccionado al anuncio del Departamento de Estado norteamericano, para tachar de «falsas e infundadas» las acusaciones vertidas. Al igual que Giammattei, el Ministerio Público ha señalado que Washington se basa en información obtenida a través de medios y de fuentes como «personas que evaden la justicia», según informa el diario ‘Prensa Libre’.
«Razón más que suficiente para advertir que dichos señalamientos son infundados y carentes de toda veracidad, ya que no se han realizado acciones tendientes a verificar la veracidad de lo informado por las fuentes», ha criticado la Fiscalía, que ha echado en cara a las autoridades estadounidenses, por ejemplo, que no hayan intentado «obtener la versión de otros actores».
SEÑALAMIENTOS PÚBLICOS
El Departamento de Estado de Estados Unidos acusa a la fiscal general del país centroamericano de «obstruir las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales» en un «patrón» establecido que consiste en «ordenar a los fiscales del Ministerio Público de Guatemala que ignoren los casos basados en consideraciones políticas» .
Además, Porras habría socavado «activamente las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción».
Por su parte, el secretario de la Fiscalía figura señalado por «obstruir las investigaciones de actos de corrupción al interferir en las investigaciones anticorrupción», algo por lo que ya está siendo investigado en Guatemala ya que presuntamente había alertado «a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra».
