Las historias sobrecogen a una sociedad que parecía curada de espanto luego de años de guerra civil, masacres aún impunes, crímenes de lesa humanidad y una violencia enquistada y agravada por la corrupción, la criminalidad y la falta de perspectivas.
Y mientras los pueblos originarios siguen llevando las de perder, cinco expatrulleros de la proscrita Autodefensa Civil (PAC) son sometidos a juicio desde el pasado 6 de enero, para responder por delitos sexuales que cometieron entre 1980 y 1983 contra varias mujeres Achí.
Estos hechos ocurrieron durante la dictadura militar de Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983), y las víctimas, que tenían entre 12 y 53 años de edad entonces, vivían en las inmediaciones del destacamento militar de Rabinal, en el departamento de Alta Verapaz.
Casi todas habían perdido a sus esposos, padres, hijos o hermanos en ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, que eran el pan de cada día para los campesinos de la época, y todo aquel que se opusiera al statu quo militarista.
Sometidas entonces, ahora las sobrevivientes acuden al Tribunal de Mayor Riesgo A, que preside la jueza Jazmín Barrios, para contar su historia y dar testimonio del horror padecido, a la espera de que el juicio quede listo para sentencia antes de febrero.
VENCIENDO AL MIEDO
Antonia Xitumul tenía 17 años cuando la violaron los militares, provocándole la pérdida de un embarazo de pocos meses, que no frenó a sus agresores. El trauma psicológico fue tan duro como el físico, según relató en la corte.
«Nos sacaron de la casa y nos hicieron lo que ellos quisieron», testimonió Xitumul, quien confirmó que otras mujeres también fueron víctimas de una práctica recurrente y tolerada por los altos mandos castrenses.
Ella y otras mujeres recibieron atención psicológica facilitada por el Bufete Jurídico de Rabinal, que ayudan a lidiar con el pasado, pero no borran de la memoria colectiva el terror de las vidas truncadas, los bienes arrasados y la inmunidad lacerante.
Entre lágrimas, Máxima Emiliana García narró su experiencia, detallando que la violación le dañó la matriz, y cargó el sufrimiento en silencio, por la tremenda vergüenza que sentía.
Como si la culpa fuera suya…
Tuvo que pasar la guerra -y el tiempo- para que las víctimas perdieran el miedo: el primer testimonio inspiró otro, este alentó otro y así muchos más, y en noviembre de 2011 fueron presentadas las denuncias iniciales, hasta alcanzar un total de 36 mujeres que alzaron la voz contra sus agresores.
De las denunciantes, cuatro eran menores de edad cuando fueron violadas, solo cinco saben leer y escribir y 33 vivían en situación de pobreza.
NEFASTO LEGADO
De nuevo quedó evidenciado el legado nefasto de las PAC, grupos civiles organizados por el Ejército con el objetivo de aislar al movimiento guerrillero y controlar las comunidades.
Aunque surgieron en 1981, no fue hasta 1983 que el Gobierno de Ríos Montt reconoció legalmente a tales grupos a partir del Acuerdo Gubernativo 222-83, que creó la Jefatura Nacional de Coordinación y Control de la Autodefensa Civil.
Un informe de la institución del Procurador de los Derechos Humanos en 1994 registró que las PAC estuvieron implicadas en 1731 casos de abusos contra los derechos humanos, incluyéndolos en la participación de 342 matanzas.
Las demandantes Achí identificaron a los expatrulleros Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, y Damián, Gabriel y Francisco Cuxum Alvarado, este último extraditado por Estados Unidos en mayo de 2019, tras ser arrestado por ingresar ilegalmente al país.
ZANCADILLAS A LA JUSTICIA
No ha sido fácil la lucha de las mujeres de Rabinal por la justicia: el 21 de junio de 2019, la jueza Claudette Domínguez, del juzgado de Mayor Riesgo «A», dejó en libertad a los sospechosos por supuestos errores en la acusación presentada en 2012.
Como réplica, el Ministerio Público pidió separar del caso a la jueza Domínguez, acusándola de prevaricato y denegación de justicia.
Por lo pronto, en los peritajes presentados durante la primera semana del juicio, la antropóloga Irma Alicia Velásquez declaró que la violencia sexual fue utilizada como una táctica y no como un botín de guerra.
«La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres achí, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad», explicó la experta.
A su vez, el perito Fernando Sazo confirmó que las mujeres indígenas fueron un blanco del Ejército para someter a las poblaciones comunitarias, por el papel que ejercían en ese entorno.
Este no fue un caso aislado durante el conflicto armado. Según una Comisión de la Verdad apoyada por Naciones Unidas, unas 200.000 personas murieron y otras 45.000 fueron desaparecidas durante la guerra civil en Guatemala, la gran mayoría de ellas indígenas mayas.
Para ellos y para los sobrevivientes, ahora hay una nueva oportunidad de justicia, pero no de olvido.
