Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y marzo de este año se certificaron 3.207 ejecuciones hipotecarias sobre vivienda familiar en España, lo que supone un aumento del 84,1% respecto al primer trimestre de 2020.
La crisis provocada por la pandemia ha dificultado a muchas personas la posibilidad de cumplir sus obligaciones financieras, causando así el incremento de ejecuciones hipotecarias y desahucios. Peraltalaw es un gabinete jurídico multidisciplinar cuyos abogados están capacitados para asesorar a sus clientes en cuestiones relacionadas con la nueva ley de vivienda y el «decreto antidesahucios».
La ejecución hipotecaria no implica un desahucio necesariamente; esta ejecución solo es el procedimiento inicial por el cual un prestamista reclama la propiedad de un inmueble, cuando el prestatario ha incumplido con los pagos de la hipoteca.
Solo en los casos en los que no hay acuerdo entre las partes, el asunto podrá ser manejado en un juzgado y este tendrá la facultad de ordenar el desalojo de quienes viven en la casa. Es importante destacar que la estadística mencionada al principio se refiere solo al incumplimiento en los pagos de una hipoteca, pero desde hace muchos años en España, la mayoría de quienes son expulsados de las viviendas son inquilinos que las alquilan.
En Peraltalaw, sostienen que son muchos los recursos legales que pueden aplicar las familias que sufran una ejecución hipotecaria, en especial de su hogar. Es importante saber que se puede detener la ejecución por varios motivos como la existencia de cláusulas abusivas, de vencimiento anticipado ilegal, existencia de intereses leoninos o en caso de vulnerabilidad familiar. De la misma forma, el banco solo podrá comenzar el procedimiento de ejecución si hay doce impagos de cuotas mensuales o el 3% del capital de la hipoteca en la primera mitad de la vida del préstamo o bien 15 cuotas o el 7% en la segunda mitad del mismo.
La nueva ley de vivienda limitará los precios del alquiler para las personas jurídicas que sean grandes tenedores, es decir, aquellos con más de 10 viviendas. Por ley, estos deberán bajar el precio de los alquileres con base en el índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionadas. En el caso de pequeños propietarios, aquellos con menos de 10 inmuebles que se encuentren en las mencionadas zonas tensionadas, deberán congelar el precio de la vivienda a cambio de incentivos fiscales.
De igual forma, esta ley propone crear un impuesto a las viviendas vacías para coaccionar a las entidades bancarias para que pongan en alquiler los pisos que no están habitados, esto bajo la premisa de que en un país con más de tres millones de viviendas vacías, no se puede dejar a nadie en la calle. Finalmente, entre los puntos más importantes de esta ley, está la entrega de un bono joven para alquiler de vivienda por valor de 250 euros mensuales, con el objetivo de fomentar la emancipación de los jóvenes.
Peraltalaw pone sus servicios a disposición de todos esos particulares y personas jurídicas que requieran asesorías o representación en cuestiones relacionadas con la nueva ley de vivienda.
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