De acuerdo con la legislación salvadoreña, los menores de entre doce y quince años podrían enfrentarse a penas de hasta diez años de prisión, mientras que en el caso de los mayores de 16 estas condenas pueden alcanzar los 20 años de cárcel, unas medidas que, según critica UNICEF, no se ajustan a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual El Salvador forma parte.
De acuerdo con dicho convenio, la detención de los menores tan solo se debe emplear «como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible» pues el encarcelamiento de niños y adolescentes «no proporciona un entorno que mejore su desarrollo» ni tampoco fomenta su reintegración social.
«La detención afecta a su salud y bienestar, y las pruebas demuestran que el encarcelamiento aumenta las posibilidades de que abandonen la escuela y cometa un delito más adelante en su vida, perpetuando así los ciclos de violencia, exclusión y pobreza», ha aseverado el organismo de Naciones Unidas.
En este punto, UNICEF ha incidido en que las medidas no privativas de libertad son «mucho más rentables» que la detención y, por tanto, generan «mejores resultados» tanto para los propios menores como para la sociedad civil en general. «Todo niño, niña y adolescente debe estar protegido frente a la detención», ha aseverado el ente.
Pese a esto, UNICEF ha puesto en valor que los gobiernos salvadoreños han logrado «importantes avances» en la protección de los menores en base a políticas sociales centradas en programas de educación y desarrollo. Sin embargo, el organismo de Naciones Unidas considera que «se puede ir más allá» trabajando con las comunidades para promover interacciones seguras y positivas que eviten el reclutamiento de menores por parte de las maras.
Es por esto que, ante lo que consideran como «un momento decisivo», han instado al Gobierno de El Salvador a que revise los cambios en la legislación penal juvenil.
La Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, el Comité de los Derechos del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas están dispuestos a proporcionar apoyo técnico a las autoridades para hacer frente a la violencia de las pandillas y ajustar la ley penal juvenil de acuerdo con las normas internacionales.
