Los hechos se remontan a 2012, cuando Rogel, embarazada, fue atendida en el hospital después de que, según sus abogados, sufriese una caída. El centro médico la denunció por abortar y la Fiscalía concluyó que había propinado un golpe al recién nacido.
El Gobierno le redujo la pena a diez años de cárcel, lo que permitió a los abogados de Rogel solicitar una libertad condicional que finalmente se concretó el lunes, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que reclama un cambio legislativo para que El Salvador no castigue las interrupciones del embarazo.
La Agrupación ha explicado que un juez de Cojutepeque accedió el 31 de mayo a esta libertad, a expensas de lo que pudiese decir la Fiscalía, que finalmente el 4 de junio confirmó que no recurriría el dictamen y que, por tanto, Rogel podía abandonar la cárcel.
«El caso de Sara, al igual que otros, deja en evidencia una de las consecuencias de la penalización absoluta del aborto, provocando que el Estado abandone a estas mujeres en el momento que más necesitan protección y acceso a la salud y, por el contrario, son perseguidas penalmente, en procesos plagados de irregularidades», ha criticado la organización.
En este sentido, ha llamado a «detener la persecución sistemática y el encarcelamiento indebido de mujeres vulnerables que pierden sus embarazos por abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas», si bien por ahora no se contempla una reforma de este calado. Amnistía Internacional estima que hay alrededor de una veintena de mujeres en prisión.
