«El personal técnico del FMI y las autoridades de El Salvador han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre un nuevo programa en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) por unos 1.400 millones de dólares», indicó el Fondo en un comunicado emitido en su sede de Washington, Estados Unidos.
Precisó que el acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y que se espera lo considere a principios de febrero del próximo año, una vez que se hayan implementado las acciones previas acordadas.
«El programa tiene por objeto reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas», indicó.
Agregó que también se espera que catalice apoyo adicional de los bancos Mundial, Interamericano de Desarrollo, Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF) para un paquete de financiación de más de 3.500 millones de dólares durante el período del programa de 40 meses.
El FMI aseguró que la economía salvadoreña se sigue recuperando desde la pandemia del covid-19, respaldada por las fuertes remesas y a un notable repunte del turismo, en un contexto de mejora de la situación de seguridad, en el que los shocks climáticos sólo han tenido efectos negativos temporales.
Mencionó que entre los elementos claves del programa se encuentran varios como situar la proporción de la deuda pública en relación al producto interno bruto (PIB) en una firme senda descendente, tras alcanzar un máximo del 85 por ciento en 2024.
«Para impulsar el clima de negocios y la resiliencia, se harán esfuerzos adicionales para reducir la burocracia, modernizar las infraestructuras y adaptarse al cambio climático, con el apoyo de instituciones socias para el desarrollo», añadió.
Señaló que las primeras reformas se centrarán también en el establecimiento de un marco sólido de lucha contra la corrupción y en la mejora de los mecanismos de lucha antilavado de activos y contra financiamiento del terrorismo, en consonancia con las mejores prácticas internacionales.
En cuanto a los recursos digitales, el FMI incluyó que en consonancia con sus políticas, «los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin disminuirán significativamente», aunque sin mencionar la decisión del Gobierno del presidente Nayib Bukele de hacer ese activo moneda de curso legal.
Indicó además que reformas legales harán que la aceptación de Bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria, mientras que para el sector público, la participación en actividades económicas relacionadas con este activo y las transacciones y compras de Bitcoin estarán delimitadas.
El FMI informó que las conversaciones para lograr el acuerdo se desarrollaron en San Salvador del 5 al 14 de diciembre por un equipo encabezado por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Raphael Espinoza, jefe de la Misión para El Salvador.
