A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente salvadoreño ha señalado que «una consecuencia» de que todos los mencionados anteriormente «hayan salido a defender a los pandilleros» es que «ahora el pueblo tendrá claro quienes han estado detrás del derramamiento de sangre de sus familiares y amigos».
Bukele ha arremetido contra ONG y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en varias ocasiones, sobre todo desde la imposición del estado de excepción en El Salvador a raíz del repunte de los homicidios, por las críticas recibidas por la mano dura impuesta para contener la violencia.
La Constitución de El Salvador permite a la Asamblea Legislativa suspender derechos constitucionales en caso de circunstancias extremas, incluida la existencia de «graves perturbaciones de orden público». El régimen de excepción tiene una validez de un mes, prorrogable una vez más por ese mismo tiempo.
La medida suspende los derechos a la libertad de asociación y reunión y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso, lo que ya ha generado críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Human Rights Watch (HRW) pidió el viernes al Gobierno salvadoreño que adopte «medidas respetuosas de los Derechos Humanos» para proteger a la población de la «atroz violencia» de las pandillas, ya que cree que las aprobadas recientemente «violan las garantías básicas del debido proceso y los derechos de los niños».
