La Administración Trump ha activado una de sus medidas más drásticas para reformar el aparato gubernamental: una reducción masiva de personal en el Departamento de Estado, que implicará la salida de miles de empleados y el cierre de oficinas federales.
Esta ofensiva se produce después de que el Tribunal Supremo respaldara los despidos masivos impulsados por el presidente. En el centro de esta operación están los recortes a programas sociales y de cooperación internacional, símbolos del intervencionismo estatal que Trump ha prometido erradicar.
Según una circular interna citada por CNN, el Departamento de Estado ha comunicado el despido de 1.107 funcionarios y 246 empleados del servicio exterior, en el marco de una primera fase que contempla un total de 3.000 salidas, incluyendo renuncias voluntarias. El objetivo, según la Administración, es aumentar la “eficiencia” de la estructura gubernamental.
La medida ha sido presentada como parte del plan integral de reforma del Gobierno federal, una de las promesas clave de Trump para su nuevo mandato.
El Gobierno justifica esta reducción de plantilla como un paso necesario para “mejorar la eficiencia” del aparato estatal
Los despidos no llegan solos. Junto a ellos, se ejecutará el cierre de cientos de oficinas y agencias, muchas de ellas relacionadas con programas de diversidad, igualdad e inclusión, que han sido blanco de críticas por parte del mandatario republicano.
Entre los organismos más afectados se encuentra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ya desmantelada, que gestionaba buena parte de la ayuda exterior del país.
Trump ha insistido en “eliminar el despilfarro” en políticas que considera “ideológicas” o “innecesarias”
Esta oleada de despidos se produce tras una decisión clave del Tribunal Supremo de EEUU, que falló a favor de la Administración Trump al permitir que se reanudaran los despidos masivos dentro de las agencias federales, una medida que había sido temporalmente bloqueada.
Con este aval judicial, el presidente ha recuperado el margen de acción para continuar con la reestructuración del Gobierno sin obstáculos legales inmediatos.
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