«Los demandados creen que la referencia a un escrito compartido en apoyo de sus peticiones es la forma más eficiente de llevar estas cuestiones ante la Corte», señala el documento sellado por el Tribunal del estado de Massachusetts al que ha tenido acceso el diario mexicano ‘Milenio’.
Las autoridades estadounidenses, en un intento por aligerar la carga de trabajo de ambas partes, han fijado para el 22 de noviembre la fecha en la que estas once empresas pueden presentar sus alegaciones, mientras que el Gobierno de México tendrá derecho a replica el 31 de enero de 2022, que a su vez podrá ser respondida nuevamente por los acusados un mes después.
El tribunal permitirá, además de la defensa conjunta, réplicas individuales a lo largo del proceso judicial, en el que las empresas ya han comenzado a mostrar sus movimientos en bolsa e información sobre sus filiales.
A principios de agosto, el Gobierno de México anunció que había presentado una demanda civil de daños en Estados Unidos contra varias empresas de armamento por el comercio «negligente» que habrían estado cometiendo en territorio mexicano, contribuyendo «al tráfico ilegal de armas» y ocasionando «daño directos» al país.
Además de una cantidad económica que será fijada en el juicio, las autoridades mexicanas también reclaman a estas empresas que establezcan nuevos y refuercen sus protocolos de seguridad para evitar que se siga produciendo este mercado negro de armas de fuego que «está íntimamente vinculado con la violencia en México».
«Casi todas las armas recuperadas en la escena del crimen en México, del 70 al 90 por ciento de ellas, fueron objeto de tráfico de Estados Unidos», ha denunciado recientemente en una entrevista el ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard.
Entre lo demandados están los fabricantes Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett, cuyo «rifle de francotirador calibre 50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga», ha apuntado Ebrard.
