«Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la Republica que me otorga la faculta de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos», dijo el presidente Lasso en mensaje televisado a la nación.
El jefe de Estado dijo que «esta es la mejor decisión posible», porque abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad, y permitirá al gobierno centrar sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas.
Indicó que esta solución responde a una aspiración mayoritaria de poner fin a una confrontación irracional e inútil y señaló que al menos en 4 ocasiones han intentado deponerlo del cargo durante su mandato.
Este anuncio tiene lugar luego de la primera sesión del juicio político contra el presidente Lasso en el Parlamento ecuatoriano por presunto peculado, donde el jefe de Estado apenas utilizó unos 40 minutos de las 3 horas que tenía para exponer sus alegatos de defensa.
El gobierno había adelantado que si no reunía los votos para salvar al presidente del enjuiciamiento en el Parlamento sería activado el mecanismo constitucional para disolver el poder legislativo.
En su discurso de esta mañana, el mandatario ecuatoriano dijo que está obligado a dar una respuesta al país en estas circunstancias y aseveró que la Asamblea Nacional ha tenido como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado.
En el decreto ejecutivo 741, Lasso alegó una grave crisis política y conmoción interna para activar el articulo 148 del texto constitucional y notificó al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que convoque a elecciones dentro del plazo de 7 días.
Además, solicitó al CNE la notificación a la Asamblea Nacional la terminación de pleno derecho los períodos para los cuales fueron designados los legisladores y la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional.
Esta decisión del gobierno, sin embargo, tendrá que recibir el visto bueno de la Corte Constitucional, una vez que reciba la argumentación para aplicar el decreto 741 sobre la «Muerte Cruzada».
En estos momentos se ha militarizado los exteriores del Legislativo y se impide el ingreso a la sede del Parlamento.
La cúpula militar hizo un pronunciamiento al país en el que dio a conocer que no permitirá intento alguno de alteración del orden constitucional a través de la violencia y que actuará «con firmeza» para cumplir su misión.
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