Asimismo, la cartera de Medio Ambiente ha anunciado el inicio de una investigación para determinar la existencia de daño ambiental, dentro de la cual ya se ha evidenciado una potencial afectación a la provisión de servicios ambientales y riesgos a la salud humana.
Además, desde el Ejecutivo se han iniciado las acciones legales y administrativas correspondientes que, en función del perjuicio medioambiental y social, podrían derivar en sanciones y multas, según recoge el diario local ‘El Comercio’.
Del mismo modo, las autoridades han pues en marcha un mecanismo de atención ciudadana en casos de emergencia con el fin de garantizar la provisión de agua para el consumo en las provincias de Napo y en Orellana. A la par, se ha anunciado el monitoreo de 210 kilómetros del río Coca y sus afluentes para contener y remediar la aparición de trazas de crudo.
La empresa petrolera privada informó este viernes de la rotura de uno de sus oleoductos, lo que provocó que cientos de litros de petróleo salieran expulsados al exterior y contaminasen la vegetación del lugar.
Una vez confirmado el incidente, OCP puso en marcha un protocolo de emergencia y comenzó «de inmediato» las acciones de contención «para evitar perjuicios ambientales» mayores. Además, aseguró que el tubo no se encuentra expuesto directamente a ningún río.
Algunas asociaciones ambientalistas han denunciado que este desastre medioambiental ha tenido lugar, justamente, en la ribera del río Coca, y recuerdan, además, que no es la primera vez que ocurre una rotura de un oleoducto en la zona.
