«El Ecuador claramente está atravesando una situación como pocas veces en la historia y yo he hecho referencia a este término de multicrisis porque en realidad son distintos temas los que están conviviendo ahora en el país», comentó Landázuri, al analizar el actual contexto en esta nación andina.
El catedrático apuntó que se trata de «una crisis de aristas múltiples, complejas y muy delicadas», y puso como ejemplo que ya en el segundo trimestre de 2024 el crecimiento económico «muestra una desaceleración muy profunda, un decrecimiento del 2,2, por ciento», según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).
Aparejado a ello, el propio BCE prevé un crecimiento de sólo el 0,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2024, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) ubica este indicador en apenas un 0,1 por ciento.
Otro dato que el analista considera alarmante es la disminución de 8,2 por ciento en la inversión, tanto privada como pública, con la consiguiente afectación a la formación bruta de capital fijo.
En su opinión, la crisis económica tiene un origen fiscal, pues el Gobierno, por más esfuerzos que recibe de la ciudadanía a través de la subida de impuestos, enfrenta una situación de déficit crónico.
«Afecta la inversión, la calidad de los servicios en las diferentes áreas y por lo tanto resulta una especie de trampa de desarrollo, (…) referencia circular que sigue marcando el destino de los ecuatorianos sin que se vea una solución en el corto plazo», sostuvo Landázuri.
Para el analista, la crisis energética desatada a finales de 2023 podría ser una clara consecuencia de la económica, debido a la falta de inversión pública en el sector, lo que provocó un déficit de 1.080 MW y apagones de hasta más de 10 horas, aunque el Gobierno busca la manera de mitigar el impacto de la falta de electricidad en el ámbito industrial y las empresas.
Sin embargo, en su opinión la crisis de seguridad destaca entre las que confluyen en el escenario ecuatoriano, con situaciones extremas en varias ciudades, pero sobre todo en Guayaquil (suroeste), la segunda más poblada del país, y en localidades como Durán, donde, a su juicio, ya es casi imposible poder vivir y, por ende, hacer negocios.
INCERTIDUMBRE CON MUCHAS ARISTAS
Landázuri reafirmó su convicción de que Ecuador camina hacia un final imprevisible, aunque la administración que preside Daniel Noboa se empeña en afirmar que todo marcha sobre ruedas.
«Desde mi óptica, al no contar con herramientas para competir, ni un plan maestro de electricidad garantizado, un equilibrio fiscal bien concebido por un Estado eficiente capaz de prestar servicios de primera categoría, invertir y velar por los menos favorecidos de la sociedad, pues claramente es un final que no se puede predecir», advirtió.
Advirtió que el país aún tiene por delante el problema de la balanza comercial con China, que en este momento exhibe un desbalance de 1.400 millones de dólares, desfavorable para la nación latinoamericana.
El experto insistió en las consecuencias del decrecimiento en la inversión, con la probable afectación al empleo en los próximos meses, y por consiguiente en la reducción del consumo.
Al respecto, a mediados de mes, la consultora multinacional de talento humano SFG Global predijo que en Ecuador se mantendrá el estancamiento del empleo en lo que resta de año y probablemente durante 2025.
El docente de la UDLA puntualizó que al revisar las importaciones, una de las caídas más relevantes se observa en la compra de materias primas en el exterior, hecho que implicará una contracción de la industria en los próximos cuatro o cinco meses.
«Esta incertidumbre tiene una gran cantidad de aristas, las cuales todavía complejizan mucho más la capacidad que tenemos los analistas de poder predecir exactamente, qué es lo que va a suceder con la economía, con la seguridad, con la generación eléctrica y esto al final termina siendo un panorama incierto», recapituló.
MANEJO IMPROVISADO
Respecto a la crisis energética, agudizada con apagones de más de 10 horas diarias, Landázuri considera que su manejo por parte del Gobierno ha sido «improvisado» y a «a corto plazo».
Señaló que por la cartera de Energía y Minas ya han desfilado cuatro ministros: Andrea Arrobo, ahora procesada por presunta corrupción, Roberto Luque (encargado), Antonio Goncalves y recientemente Inés Manzano, titular de Ambiente.
«La crisis eléctrica en Ecuador no es nueva, es algo estructural que se ha repetido a lo largo de los años. El manejo de la actual ha sido improvisado, pues al carecer de una planificación no se puede atacar a problemas estructurales con soluciones parche, o de muy corto plazo», sostuvo Landázuri.
Señaló que el Ejecutivo trabaja con variables que no controla, empezando por el clima, así como la compra de energía a Colombia y el alquiler de barcazas generadoras a una empresa turca, o proyectos privados a largo plazo.
Para el analista, el reciente anuncio gubernamental de la suspensión de los cobros de las planillas (facturas) eléctricas resulta un error grave, complicado por la coyuntura electoral.
«La política es una pésima consejera de las decisiones técnicas que necesita una sociedad, pues muchas de esas disposiciones suelen ser impopulares», consideró.
En su criterio, la respuesta del Ejecutivo a la crisis energética probablemente se deba a que su atención nunca estuvo enfocada en entender la profundidad de lo que iba a suceder este año en la época de estiaje (o bajo caudal de las fuentes que aportan el agua a las hidroeléctricas) debido a la sequía.
La situación se complejizó debido a que el país genera el 72 por ciento de su energía a través de las hidroeléctricas, y en este contexto, Colombia suspendió de forma temporal la venta de electricidad a este país.
Para Landázuri, en lugar de estar peleando con la vicepresidenta Verónica Abad o pactar acuerdos con otros partidos en el Legislativo, el presidente Noboa debió haber llamado a agencias internacionales para dimensionar la magnitud de la crisis de energía que se avecinaba.
DIVERSIFICAR LOS RIESGOS
Landázuri apuntó que la solución pasa por entender que la Constitución de 2008 tiende a restringir la participación privada en los sectores estratégicos, aunque define que puede hacerlo de manera excepcional.
El analista aboga por la diversificación de riesgos, lo cual aplica a la matriz energética ecuatoriana, a lo cual dice apuntaría el Proyecto de Ley Orgánica para impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables», presentado por la bancada oficialista del movimiento «Acción Democrática Nacional» (centro derecha).
«Pero si uno ve el Plan Maestro de Electricidad (2023-2032), requiere una inversión de 16.000 millones de dólares en toda la cadena, generación, transmisión y distribución. Esta cifra representa un desafío enorme para el sector público, por lo tanto, es necesaria la participación del privado», estimó.
En consecuencia, sugiere que la compra de plantas de termogeneración por parte del sector privado pueda sostenerse en el tiempo, a partir de cambios, por excepción, a la ley, que le permitan nuevamente vender electricidad a la red ecuatoriana.
«Al destrabar estos proyectos en el mediano plazo podríamos generar energía fotovoltaica, eólica o geotérmica, pero lo fundamental es que el parque termoeléctrico ecuatoriano vuelva a operar, y en tal sentido mi sugerencia es la concesión temporal de algunas de esas plantas necesitadas de inversión», aventuró el experto.
Aclaró que su propuesta no se trata de privatización, sino de una alianza público-privada en la que todos ganan.
Finalmente, Landázuri consideró que una salida con éxito de esta situación dependerá de los actores políticos del momento y de la configuración de las distintas fuerzas de poder en los próximos meses, a partir del resultado electoral del 9 de febrero de 2025.
