La decisión del Ejecutivo se produce en un momento de alta tensión política y social: la eliminación del subsidio al diésel ha desencadenado un paro nacional convocado por la CONAIE y protestas masivas en diversas provincias. Frente a este escenario, el Gobierno busca reforzar su estrategia de control interno mediante la ampliación de medidas excepcionales.
Alcance territorial y vigencia de la extensión
El nuevo decreto presidencial extiende por 30 días el estado de excepción en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, y añade al cantón Echeandía (Bolívar) al régimen especial de seguridad. Estas zonas se suman a un total de doce jurisdicciones que ya estaban bajo esta figura por distintos decretos previos.
La justificación oficial hace énfasis en que se actúa ante una situación de grave conmoción interna debido al incremento de la violencia criminal y los bloqueos en vías.
“Se autoriza que las Fuerzas Armadas y la Policía utilicen la fuerza en control del orden público y protección interna, pero solo de forma excepcional durante la vigencia del estado de excepción”
Estas operaciones, según el decreto, se orientan a garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica.
Derechos afectados: suspensión parcial pero sin toque de queda
Con la extensión, se mantendrá la suspensión de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, permitiendo intervenciones de inteligencia y operativos policiales en residencias y comunicaciones.
Sin embargo, a diferencia de decretos anteriores, no se ha impuesto un toque de queda generalizado. El enfoque esta vez apunta a intervenciones focalizadas bajo normas excepcionales, en lugar de una restricción total de movilidad nocturna.
Contexto de protestas e impacto social
La ampliación del estado de excepción coincide con la continuación del paro indefinido convocado por la CONAIE desde el 21 de septiembre. Las movilizaciones han incluido cortes de carreteras y concentraciones en múltiples provincias. En respuesta, el Gobierno ha movilizado al Ejército para reforzar controles y contener disturbios.
Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, denunció desde Chimborazo que el Ejecutivo adopta una actitud prepotente y advirtió la posibilidad de marchar hacia Quito en un acto de presión política:
“La lucha continúa y si debemos tomarnos la ciudad de Quito, lo haremos”, afirmó Vargas
Ficha de medidas y territorios afectados
| Provincia / Cantón | Vigencia agregada | Derechos suspendidos |
|---|---|---|
| Guayas | +30 días | Inviolabilidad del domicilio; correspondencia |
| Manabí | +30 días | Inviolabilidad del domicilio; correspondencia |
| El Oro | +30 días | Inviolabilidad del domicilio; correspondencia |
| Los Ríos | +30 días | Inviolabilidad del domicilio; correspondencia |
| Echeandía (Bolívar) | Incluido | Inviolabilidad del domicilio; correspondencia |
Reacción política y riesgos de escalada
Este tipo de decisiones excepcionales acostumbran a polarizar el ambiente político. Por un lado, el Gobierno presenta esta estrategia como necesaria para enfrentar estructuras del crimen organizado. Por otro, sectores sociales denuncian que se cruzan líneas en materia de libertades individuales y derechos ciudadanos.
Analistas advierten que la combinación explosiva de protestas y medidas de seguridad podría derivar en episodios de confrontación, especialmente si no se abren canales de diálogo con los movimientos sociales. El Ejecutivo insiste en que la declaratoria es temporal y sometida a control institucional.
La prórroga del estado de excepción refleja la apuesta del Gobierno por restaurar el orden mediante una respuesta securitaria frente al crimen organizado, en un contexto donde la crisis social por el alza del diésel tensiona aún más el país. El éxito de la medida dependerá de su implementación —respetando derechos fundamentales— y de la capacidad del Estado para estabilizar la inseguridad sin incrementar la refriega social.
