«La fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables, en cumplimiento del mandato constitucional y legal», afirmó la presidenta del CNE, Diana Atamaint, desde el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano.
El pronunciamiento tuvo lugar a pocas horas del crimen en el norte de Quito al estilo sicariato, del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien se postulaba por una alianza de derecha entre su proyecto político personal «Gente Buena» y el movimiento Construye, liderado por la exministra de Gobierno María Paula Romo.
En su intervención conjunta con el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, la funcionaria dijo que las Fuerzas Armadas redoblarán la seguridad en los recintos electorales para garantizar el proceso democrático, empañado por la violencia.
Atamaint resaltó el respaldo y solidaridad de los organismos internacionales que confirmaron su presencia como observadores en los comicios.
«Esto coadyuvará al éxito de la jornada democrática», aseveró.
Más de 13 millones de electores empadronados en Ecuador elegirán al binomio presidencial y a los 137 integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) en unas elecciones extraordinarias luego que el presidente Lasso activó la «muerte cruzada» para disolver el Legislativo en medio de un juicio político en su contra.
El CNE también expresó en un comunicado su consternación por el hecho violento y llamó a todas las instituciones del Estado a mantenerse unidas y a generar una lucha frontal en defensa de la Constitución, el orden democrático y la paz entre los ecuatorianos.
«La violencia no puede continuar amedrentando a la ciudadanía», señala el texto difundido en Twitter.
Esta semana Atamaint denunció que consejeros electorales habrían recibido amenazas.
Lasso, por su parte, decretó tres días de duelo nacional y un estado de excepción en el país por 60 días, que impactará la campaña electoral porque limita el derecho de reunión.
Tras el deceso de Villavicencio, su hermana, en declaraciones a medios locales, responsabilizó al Gobierno por el hecho y dijo que no protegió a su hermano como debía pese a las amenazas en su contra.
La víctima había denunciado que recibió varias amenazas, en particular de personeros de un líder de una banda delincuencial, alias Fito, luego que él criticara una alocución de este desde la cárcel anunciando un presunto acuerdo de paz tras la más reciente masacre en una cárcel de Guayaquil (sudoeste).
