Antes del primer balance oficial, la alianza advirtió que la escalada de tensiones sociales y la militarización en varias provincias incrementan el riesgo de agresiones físicas y psicológicas a los detenidos, además de restringir de forma indebida el derecho a la defensa. El informe se presenta como un retrato preocupante del manejo estatal de la protesta social.
La militarización en varias provincias eleva el riesgo de abusos contra los manifestantes
Un desglose de las denuncias
El documento distribuye las 52 vulneraciones registradas en distintas categorías de derechos fundamentales:
| Tipo de vulneración | Casos |
|---|---|
| Derecho a la protesta y resistencia | 17 |
| Integridad personal | 15 |
| Libertad personal | 12 |
| Propiedad privada | 7 |
| Libertad de expresión | 1 |
Según la alianza, también se han reportado bloqueos de cuentas bancarias a dirigentes, defensores y abogados, lo que amplía el abanico de prácticas restrictivas contra la sociedad civil.
El 75% de las denuncias apuntan directamente a la fuerza pública como responsable de abusos
La fuerza pública, en el centro de las acusaciones
En el 75% de los casos, los responsables señalados son Fuerzas Armadas y Policía, mientras que en el 25% restante las denuncias apuntan a operadores de justicia, la Superintendencia de Bancos y entidades financieras.
La alianza critica además los discursos del presidente Daniel Noboa, al considerar que estigmatizan a las comunidades indígenas movilizadas y profundizan la criminalización de la protesta.
Los manifestantes, subraya el informe, han sido reprimidos con gas lacrimógeno, golpes y arrastres, lo que refuerza el escenario de vulneraciones y un ambiente de creciente hostilidad hacia las expresiones pacíficas.
El informe denuncia represión con gas lacrimógeno, golpes y arrastres en las calles de Ecuador
Militarización y ausencia de pronunciamientos oficiales
La aplicación de estados de excepción en varias provincias ha elevado la tensión. Las personas bajo prisión preventiva son las más expuestas a sufrir tratos crueles e inhumanos, además de limitaciones indebidas en su defensa.
El informe destaca que, pese a la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo no ha emitido un pronunciamiento. Esta ausencia de respuesta institucional deja en entredicho la capacidad de reacción del Estado frente a las denuncias de abusos.
La crisis abierta por el paro nacional no solo enfrenta al Gobierno con los sectores movilizados, sino que expone al país a un escrutinio internacional. El llamado de la alianza busca activar mecanismos de protección que garanticen el derecho a la protesta, la investigación de los hechos y la reparación integral de las víctimas.
