Protestas en Ecuador (imagen de archivo). - Juan Diego Montenegro/dpa
El presidente Daniel Noboa firmó desde Latacunga el decreto ejecutivo 134 que establece el estado de excepción en varias provincias clave, alegando grave conmoción interna. La medida, que implica suspensión de derechos y despliegue militar, busca evitar una escalada mayor en medio de un clima de creciente tensión social y política.
El alza del precio del diésel, motivada por la eliminación del subsidio estatal, fue el detonante de las manifestaciones que comenzaron el domingo. La decisión responde a un esfuerzo del Gobierno por reducir el gasto público, pero ha generado rechazo en sectores como el transporte, la agricultura y el comercio, que dependen del combustible.
Las protestas se han extendido rápidamente, con cortes de carreteras en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, afectando la movilidad de miles de personas y el abastecimiento de productos básicos.
El incremento de 1,80 a 2,80 dólares por galón supone un alza del 55%, con un fuerte impacto en el transporte y en el coste de vida
El decreto suspende el derecho a la libertad de reunión, prohíbe concentraciones en espacios públicos durante las 24 horas y habilita la intervención de las fuerzas de seguridad para despejar bloqueos y restablecer el orden.
La Policía Nacional liderará los operativos, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Aunque el texto señala que la protesta pacífica será respetada, en provincias como Carchi ya se registraron choques con el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
El Gobierno justifica la medida como necesaria para garantizar la seguridad ciudadana, el trabajo y el orden público
En Carchi, epicentro de la protesta, los transportistas reclaman mayor seguridad en las vías y compensaciones para las familias de conductores asesinados en asaltos. También exigen medidas que amortigüen el impacto del alza del diésel.
A su vez, organizaciones sindicales y sociales han convocado a nuevas movilizaciones este miércoles y jueves, además de una marcha nacional prevista para el 23 de septiembre.
Los sindicatos denuncian que la eliminación del subsidio profundizará la desigualdad y golpeará a los sectores más vulnerables
El aumento del combustible no solo afecta al transporte, sino también a la cadena de suministros y al precio de los alimentos. Economistas advierten que podría presionar al alza la inflación y afectar la recuperación económica del país.
En el plano político, el decreto de Noboa refuerza el control del Ejecutivo pero también abre la puerta a cuestionamientos judiciales sobre el alcance de las medidas y su compatibilidad con los derechos constitucionales.
| Año | Precio por galón (dólares) | Política aplicada |
|---|---|---|
| 2023 | 1,80 | Subsidio vigente |
| 2024 | 1,80 | Subsidio vigente |
| 2025 | 2,80 | Eliminación del subsidio |
El estado de excepción se mantendrá hasta mediados de noviembre, salvo que el Gobierno decida levantarlo antes. Su éxito dependerá de si logra contener la protesta sin desencadenar mayor conflictividad social. Las movilizaciones anunciadas marcarán las próximas semanas y pondrán a prueba la capacidad de Noboa para combinar disciplina fiscal con gobernabilidad.
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