El presidente de Ecuador, Daniel Noboa
La medida, firmada por el presidente Daniel Noboa, tendrá una vigencia de 60 días e incluye la suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, según recoge el decreto ejecutivo número 277 publicado en la web oficial de la Presidencia.
El decreto se apoya en informes oficiales y en publicaciones de la prensa nacional que alertan del repunte de hechos violentos en las zonas afectadas, donde se concentra el 77% de la actividad delictiva registrada en Ecuador.
El Ejecutivo justifica la medida por la expansión de grupos criminales y la necesidad de operaciones focalizadas
El estado de excepción se aplica de forma directa en nueve provincias y se amplía a tres cantones situados en otras dos provincias, consideradas puntos críticos por la actividad de organizaciones criminales.
| Territorio afectado | Región |
|---|---|
| Guayas | Suroeste |
| Manabí | Noroccidente |
| Santa Elena | Suroccidente |
| Los Ríos | Centro |
| El Oro | Sur |
| Pichincha | Norte |
| Esmeraldas | Noroeste |
| Santo Domingo de los Tsháchilas | Norte |
| Sucumbíos | Amazonía |
| La Maná (Cotopaxi) | Norte |
| Las Naves (Bolívar) | Centro |
| Echeandía (Bolívar) | Centro |
El Gobierno señala que estas zonas concentran los mayores índices de violencia y criminalidad organizada, lo que ha motivado la activación de medidas excepcionales de seguridad.
La medida afecta a territorios donde se registra la mayor concentración de delitos violentos del país
El decreto autoriza la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que permitirá a las fuerzas del orden realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de que en un inmueble se oculten integrantes de grupos armados organizados, armas, municiones, explosivos o sustancias sujetas a fiscalización.
También queda suspendido el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, con el fin de identificar, analizar y recopilar información estrictamente pertinente cuando sea indispensable para prevenir o neutralizar amenazas a la seguridad.
El documento subraya que la tenencia o uso de armas, explosivos o sustancias controladas constituye una infracción penal, reforzando así el marco legal de las actuaciones durante el estado de excepción.
El decreto amplía las capacidades operativas para prevenir delitos y neutralizar estructuras criminales
Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por el avance del crimen organizado y el aumento sostenido de homicidios.
Durante 2025, el país registró más de 8.800 muertes violentas, una cifra que supone un nuevo récord histórico y que ha situado a Ecuador entre los países con mayor incremento de violencia en la región.
El Gobierno considera que la situación actual exige una coordinación interinstitucional sostenida y operaciones de seguridad focalizadas para frenar la expansión de estas organizaciones criminales.
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