«Es público y notorio que el presidente Daniel Noboa ha desacatado esta norma, lo cual obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que, de conformidad con el artículo 25 del Código de la Democracia, presente la respectiva denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral», exigió el PSC en un comunicado difundido en la red social X.
Dicho artículo regula las funciones del CNE, como son vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, la normativa secundaria y sus estatutos; ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales y el fondo para las organizaciones políticas.
Así como conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos electorales e imponer las sanciones que correspondan.
En el texto, la organización política pidió también la intervención de la Contraloría General del Estado y de la Corte Constitucional para evitar el uso de recursos públicos, por parte del mandatario, durante la campaña electoral en la que Noboa buscará reelegirse para el periodo 2025-2029.
«La Corte Constitucional no puede seguir de espectadora de la vulneración del Estado de Derecho y debe intervenir de forma urgente para evitar que la institucionalidad del país se deteriore más», alertó el PSC, una de las organizaciones más influyentes en el panorama político nacional.
La normativa vigente obliga a quienes aspiren a la reelección a salir de licencia sin remuneración, con lo cual se busca la igualdad de condiciones entre los candidatos.
La víspera, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) se pronunció respecto a la normativa vigente y otorgó licencia a todos los legisladores que irán por su reelección, sin privilegios, ante la pretensión de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, centroderecha) de continuar en funciones.
Tanto el Gobierno como ADN consideran que está disposición no aplica debido a que llegaron a sus cargos tras una elección anticipada, por lo que no se contaría como reelección.
La presidenta del parlamento, Viviana Veloz, rechazó un alegado «golpe de Estado» por parte del Gobierno y señaló que esta decisión se tomó en estricto apego al artículo 93 del Código de la Democracia, regente de los procesos electorales en el país.
Veloz indicó que dicha norma se refiere a la reelección desde el punto de vista de la contabilización y cálculo de los periodos para ejercer el cargo, pero aclaró que en ninguna parte refiere el incumplimiento de las obligaciones y requisitos expresos por parte de los candidatos.
También el CNE evitó emitir una aclaración sobre el tema, ante un requerimiento de una de sus consejeras, Elena Nájera, pese a que la propia presidenta del ente electoral, Diana Atamaint, había aceptado la norma expresa que señala la obligatoriedad de acatar los requisitos para poder participar en la contienda.
La decisión de Noboa estaría motivada por su negativa a que la vicepresidenta que ganó con él en los comicios anticipados, Verónica Abad, lo reemplace en el cargo mientras dura el periodo de campaña, para lo cual incluso nombró mediante decreto ejecutivo a una nueva vicemandataria constitucional.
El periodo proselitista se prolongará hasta el 6 de febrero, tres días antes de las votaciones en las urnas, donde serán elegidos el binomio presidencial, así como los 151 integrantes de la Asamblea Nacional y los cinco representantes al Parlamento Andino.
