El conflicto estalló hace casi dos semanas tras la entrada en vigor del Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel y elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón, afectando de forma directa al transporte y a la producción agrícola.
La Conaie acusa al Gobierno de criminalizar la protesta social y de responder con violencia a las demandas populares
Estado de excepción y militarización del país
El Decreto 174, emitido el sábado, impone el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, bajo el argumento de “mantener el orden público”. La norma permite movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para controlar manifestaciones, restringe reuniones en espacios públicos y habilita registros sin orden judicial.
Para la Conaie, estas disposiciones constituyen una militarización masiva que pone en riesgo la vida y los derechos de las comunidades rurales. La organización denuncia el uso de la fuerza como herramienta de control y advierte de un aumento de detenciones arbitrarias en las provincias movilizadas.
El movimiento indígena asegura que la represión busca “silenciar al pueblo en lucha”
Las demandas del paro nacional
El paro indefinido, convocado el 18 de septiembre, reclama la derogación del Decreto 126 y exige políticas que protejan a las familias más vulnerables. La Conaie denuncia que la subida del diésel encarece el costo de vida, agrava la precarización laboral y consolida un modelo económico regresivo.
En su último comunicado, la organización subraya que “protestar no es un delito” y que la lucha se extiende “por la vida, la dignidad y los derechos colectivos del Ecuador”. La confederación ha pedido además la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para monitorear la situación y frenar los abusos de las fuerzas de seguridad.
Balance actualizado de las protestas en Ecuador
| Indicador | Cifra |
|---|---|
| Fallecidos | 1 (Efraín Fuérez, provincia de Imbabura) |
| Heridos | Más de 60 manifestantes y 12 militares |
| Detenidos | 104 personas, 12 procesadas por presunto terrorismo |
| Provincias bajo estado de excepción | 10 |
| Duración del paro nacional | 18 días |
Reacción del Gobierno y tensiones crecientes
El Ejecutivo de Noboa ha defendido el estado de excepción como una medida necesaria para restablecer el orden y garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, organizaciones sociales y juristas advierten que la suspensión de derechos constitucionales puede derivar en abusos de poder y violaciones de derechos humanos.
En paralelo, distintos sectores productivos alertan de los efectos económicos del paro, con bloqueos de carreteras que afectan el transporte de alimentos y combustibles. A pesar de ello, la Conaie mantiene su postura y afirma que solo el diálogo con resultados concretos podrá frenar las movilizaciones.
Si el Gobierno no abre espacios de negociación, el conflicto puede derivar en una crisis política nacional
Perspectivas y escenarios posibles
Con el paro entrando en su tercera semana, analistas prevén tres caminos: el inicio de un diálogo nacional con mediación internacional, la ampliación del estado de excepción o una revisión constitucional del decreto.
Mientras tanto, Ecuador vive un clima de tensión creciente, con el movimiento indígena decidido a mantener su protesta hasta lograr la derogación de los decretos 126 y 174.
