El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha denunciado que el «robo de activos» y las sanciones impuestas por Estados Unidos al país han supuesto pérdidas por valor de 116.000 millones de dólares (107.000 millones de euros). Rodríguez ha explicado que este es el motivo de que por orden del presidente Nicolás Maduro se haya presentado el pasado jueves una demanda ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por delitos de lesa humanidad por medidas que atentan contra la estabilidad del pueblo venezolano, informan medios venezolanos.
«Con este monto se puede comprar las cajas Clap (Comité Locales de Abastecimiento y Producción) para todos los venezolanos por 152 años» y es el equivalente al monto que necesita el Estado venezolano para las importaciones del país para los seis próximos años.
Además, Rodríguez ha denunciado la implciación del líder opositor Juan Guaidó en corrupción y «robo de activos pertenecientes a la República en el extranjero». En ese sentido, ha revelado que existen documentos que vinculan al abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Gulianni, con el empresario Alejandro Betancourt López y el padre de Juan Guaidó, Wilmer Guaidó, con el propósito de «perpetuar siniestros fines contra Venezuela».
El Gobierno venezolano tiene las pruebas que demuestran el «desvío de recursos que se encuentran en fondos internacionales, como en el caso de Portugal». Estas pruebas implicarían tanto a Guaidó como a su partido, Voluntad Popular, en general.
En concreto, Betancourt trabajaría para «conseguir contratos» con el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Martínez y recibía «miles de millones de dólares para la adquisición de plantas termoeléctricas que requería el país».
