El grupo de inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle y autodenominados MIG han calificado de «lamentable» la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no compensar a ningún afectado por la resolución y posterior venta de Banco Popular.
«Es de lamentar que la JUR haya tomado esta decisión, pero nuestra lucha por la justicia continuará, no sólo por los inversores de Banco Popular, sino también para garantizar la asunción adecuada de responsabilidades por una resolución que nunca debiera haberse ordenado», señala el MIG en un comunicado recogido por Europa Press.
Los inversores mexicanos explican que resulta «lamentable» que dos años y medio después de que se produjera la resolución siga existiendo «falta de transparencia» sobre el proceso, tanto por parte de las autoridades europeas como de las españolas.
Además, el MIG señala que no se trata del hecho de que un procedimiento de insolvencia hubiera sido mejor para los inversores que la decisión que finalmente se tomó, sino que el problema deriva de las irregularidades cometidas que llevaron a una resolución «injustificada de un banco solvente».
En opinión del grupo de accionistas, Banco Popular se mantuvo como una institución financiera solvente y valiosa hasta el final, a pesar de los desafíos financieros que tuvo que afrontar en el periodo previo a la resolución en 2017.
En este sentido, resaltan que el informe de los peritos del Banco de Españ, Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, concluyó «inequívocamente» que Banco Popular era solvente, pero que tuvo que enfrentarse a una crisis de liquidez a corto plazo causada por declaraciones de los reguladores.
«Estas declaraciones provocaron una corrida bancaria y la entidad no recibió la asistencia de liquidez de emergencia que estaba autorizada a recibir», subrayan.
El organismo presidido por Elke König confirmó este miércoles que no compensará a los accionistas y acreedores de Banco Popular al concluir que de haber llevado a cabo un procedimiento normal de insolvencia hubiera tenido mayores costes.
La JUR ya había tomado esta decisión con carácter provisional a la luz de las conclusiones del informe ‘Valoración 3’ que la consultora Deloitte elaboró y después abrió un proceso de derecho de audiencia en el que recibió 2.856 respuestas. Este miércoles, y después de haber valorado todos estos comentarios, la institución ha confirmado su visión preliminar.
