La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México investiga el lavado de dinero sucio obtenido por políticos del país latinoamericano, que incluye unos 2.000 millones de euros depositados por 23 figuras de alto rango en el Banco Privado de Andorra, indica un reporte periodístico publicado este jueves.
«Personajes que terminaban de hacer el servicio público en México, marchaban a hacer su vida a EEUU o España, y a utilizar los recursos que obtuvieron de manera ilegal durante el tiempo que estuvieron desarrollando el cargo», según documentos de la UIF obtenidos por el periódico La Jornada.
La tasa impositiva andorrana es de 10 por ciento, que es menos de un tercio de la vigente en México, pero en 2018 la Unión Europea dejó de considerarlo como un «paraíso fiscal».
Sin embargo, las pesquisas de esa unidad de investigación, que depende de la secretaría federal de Hacienda del Gobierno de México, indican que a ese pequeño territorio enclavado en los Pirineos europeos no solo acudieron inversionistas en busca de menores tributos para sus fortunas en bancos como el mencionado, que fue intervenido desde 2015 por supuesta ilegalidades.
Hasta ese principado fueron trasladadas grandes cantidades de dinero, «incluso en efectivo» por exfuncionarios cuyos nombres están bajo reserva, hasta que las primeras conclusiones sean entregadas por Andorra a la UIF antes que concluya este mes de febrero, cuando serán presentadas ante la Fiscalía General de México, indica la investigación.
La investigación conjunta se desarrolla hace «más de un año» mediante información compartida entre la UIF y su contraparte del pequeño estado europeo, localizado en la zona fronteriza montañosa de España y Francia.
PERSONAJES DE ALTO RANGO
La justicia de Andorra confirmó el fin de semana pasado una operación contra el blanqueo de capitales y fraude financiero internacional, en la cual confiscó la mencionada cifra de unos 2.000 millones de euros de una veintena de mexicanos en el citado banco del principado de 500 km2, donde viven unas 80.000 personas.
«En el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Ramón Collado, abogado de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018)», según los primeros detalles filtrados a la prensa.
El jurista que ha sido defensor de políticos, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional, fue detenido en julio de 2019 acusado de numerosos delitos, tales como «delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos», según ha publicado el diario mexicano y la prensa española.
Los personajes mexicanos llegaron atraídos por las «ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total de ‘discreción’ y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores», según los primeros resultados de las pesquisas.
Para la UIF «el objetivo es traer esos recursos a México y reintegrarlos al erario», en caso que se logre demostrar judicialmente que fueron obtenidos de manera ilícita.
La investigación adelantada apunta hacia «operaciones de varios personajes que participaron en el servicio público y que llevaron recursos a Andorra», en cantidades «que no guardan relación con su nivel de ingreso» en los años previos, incrementado de manera desproporcionada a sus sueldos oficiales.
El dinero aparentemente sucio era transferido «en ocasiones con ayuda de ingeniería financiera diseñada desde despachos de abogados», a algún país europeo, para después hacerlo llegar a Andorra, desde donde se dispersaba a paraísos fiscales.
Una vez que concluyen su servicio público, los exfuncionarios comenzaron a mandar a Andorra grandes cantidades de dinero.
Entre los mexicanos involucrados «hay financieros y empresarios de sectores diversos», en un «esquema complicado», que ocultaba cuándo llegó a Andorra el dinero incluso en metálico.
