El Senado argentino debate una ley de emergencia económica propuesta por el presidente Alberto Fernández, en Buenos Aires, el 20 de diciembre de 2019
El presidente argentino, Alberto Fernández, obtuvo este sábado un apoyo crucial del Congreso al aprobarse su ley de emergencia económica con la que busca sacar de la crisis al país sudamericano. El mandatario peronista de centroziquierda había enviado el proyecto de ley al Parlamento el martes para su urgente tratamiento, en lo que fue su estreno legislativo desde que asumió el 10 de diciembre tras derrotar en primera vuelta al liberal Mauricio Macri.
La mayoría peronista se impuso con el apoyo de aliados y aprobó la ley la madrugada de este sábado por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención en el Senado tras un maratónico debate que se extendió hasta las 04H00 locales (07H0 GMT). La Cámara Baja la había aprobado el jueves.
La ley, punta de lanza del gobierno de Fernández, impone alzas de impuestos a sectores de las clases altas y medias, otorga incentivos fiscales a la producción, beneficios impositivos a las clases más empobrecidas y otorga facultades al Poder Ejecutivo para renegociar la deuda pública, entre otros puntos.
El gobierno busca con ello frenar la caída de la economía, que atraviesa una recesión con 3,1% de baja del PBI para 2019, una inflación del 55% anual, 40% de la población en la pobreza y una deuda que representa casi el 90% de su PIB.
– Urgencia –
La ley se trató sin dilaciones en el Senado, que terminó aprobando sin modificaciones el texto que giró la Cámara de Diputados.
La votos en contra fueron todos del opositor Juntos por el Cambio, del expresidente Macri, que sin embargo había habilitado el debate en la Cámara Alta al facilitar el quorum.
«Este es un proyecto que esconde un brutal ajuste que tiene dos componentes: los impuestos y fundamentalmente la liquidación del poder adquisitivo de los jubilados», dijo el presidente del bloque Juntos por el Cambio, senador Luis Naidenoff.
De su lado el senador oficialista Jorge Taiana acusó a la oposición de llevar a cabo una «negación política de la gravedad de la situación que atraviesa la República para no ser responsables ante la sociedad».
En paralelo al debate, que condujo la expresidenta y nueva presidenta del Senado Cristina Kirchner (2007-2015), el mandatario pidió a la oposición «dejar de lado la soberbia».
«Los que dicen estar preocupados por el sueldo de los jubilados hoy en día, son los que en cuatro años de gobierno le hicieron perder 20% del salario real», acusó Fernández en declaraciones al canal 9 de televisión.
El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados el jueves por 134 votos a favor y 110 en contra tras eliminarse un polémico artículo que otorgaba amplias facultades al Poder Ejecutivo para modificar la estructura del Estado.
– En rojo –
La ley, llamada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, declara la emergencia en once áreas, desde la económica hasta la sanitaria y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
El gobierno de Fernández debe enfrentar una negociación de la deuda que ronda el 90% del PIB tras perder el financiamiento de los mercados en 2018.
El viernes las calificadoras de riesgo Fitch y S&P dijeron que Argentina entró en default selectivo y degradaron su deuda luego de que el gobierno postergó unilateralmente hasta agosto el pago de unos 9.000 millones de dólares de vencimientos en letras.
El presidente ha dicho que, aunque Argentina tiene voluntad de pago no está en condiciones de afrontar los vencimientos de una deuda por unos 330.000 millones de dólares, lo que incluye desembolsos del FMI por 44.000 millones.
En ese contexto de escasez de divisas, la nueva ley impone un impuesto del 30% sobre las operaciones de compra de moneda extranjera y de adquisición de bienes y servicios en divisas, ya sea en efectivo o por tarjeta de crédito, mientras mantiene el tope de compra de 200 dólares por persona por mes.
También busca urgentemente financiamiento para subsidiar plan para enfrentar el hambre con tarjetas alimentarias gratuitas para más de dos millones de personas, en un país con 44 millones de habitantes y con los peores indicadores económicos y sociales desde la crisis de 2001.
La ley aplica una fuerte presión impositiva y faculta al gobierno a elevar los impuestos a las exportaciones de granos y oleginosas en una medida que generó ya rispideces con el sector agropecuario.
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