El nuevo gobierno argentino promulgó este lunes un paquete de medidas económicas e impositivas de emergencia que busca poner en marcha un país que recibió en «virtual default» y que está inmerso en una crisis parecida a la de 2001, según el presidente Alberto Fernández.
El texto de la llamada ‘megaley’ entró en vigencia al ser publicada en el Boletín Oficial el lunes, varias horas después de lo esperado, debido a ajustes de último momento.
La norma le otorga al Poder Ejecutivo durante un año facultades de gestión en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
El gobierno pretende «atender las necesidades de los sectores más vulnerables y poner todos los esfuerzos en recuperar la demanda agregada e impulsar el crecimiento», explicó el lunes el titular de la Administración de Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli.
En ese marco se inscriben el lanzamiento de un «plan contra el hambre», así como bonos de emergencia para las jubilaciones mínimas y los sectores más postergados.
«La situación es difícil, es un país que ha tenido que reperfilar su deuda, con un profundo déficit fiscal y financiero, con una situación de recesión e inflación», insistió Vanoli.
El expresidente liberal Mauricio Macri había planteado en septiembre negociaciones para reperfilar (alargar los plazos de vencimientos) la deuda con bonistas y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le otorgó en 2018 un préstamo por unos 57.000 millones de dólares- de los cuales recibió 44.000 millones-, a cambio de un programa de fuerte ajuste fiscal.
La agencia Fitch elevó el lunes a «CC» la nota de deuda de Argentina desde la de «RD» (default restringido) que le asignó el viernes cuando el gobierno aplazó unilateralmente el pago de letras en dólares.
Empero advirtió que «hay una alta probabilidad de otro incumplimiento»
Fitch estimó que Argentina enfrentará un período «especialmente difícil» entre marzo y mayo por compromisos de deuda por unos 25.000 millones de dólares, del total de 64.000 millones previstos para todo el año próximo.
Cerca de 2001
Fernández, un peronista de centroizquierda, dice haber heredado una «situación dramática».
«No es igual al 2001, pero sí es parecida. En ese momento teníamos un 57% de pobreza, hoy tenemos un 41% de pobres; teníamos una deuda en default, hoy estamos en virtual default», dijo nuevamente en una entrevista la noche del domingo.
Se estima que el PIB caerá 3,1% en 2019, la inflación ronda el 55% anual y el peso se depreció 38% desde enero.
«Es lo que heredamos. No podemos hacer frente y pagar las obligaciones. (…) Lo que no teníamos (en 2001) es un proceso inflacionario que ahora sí tenemos», agregó al trazar una comparación con 2001, cuando Argentina declaró un default por 100.000 millones de dólares.
«La idea de un default virtual que plantea Fernández es para dejar claro a los acreedores que van a necesitar negociar una nueva reestructuración con Argentina. Él hace referencia al default virtual para dramatizar la situación y mostrar que Macri le dejó un problema grande», dijo a la AFP el economista Claudio Loser, del estadounidense Centennial Group.
Loser explicó que «hubo un aplazamiento de los pagos para la deuda doméstica, lo que es un default técnico pero no es verdaderamente una mora por no pago. Esto no está dirigido al FMI, porque no hay una reestructuración directa con la organización internacional».
Un funcionario del FMI que pidió anonimato dijo a la AFP que la entidad está abierta a dialogar con Buenos Aires «cuando mejor les convenga» a las autoridades argentinas. Una misión del FMI llegará «en los próximos días», dijo Fernández este lunes a periodistas.
La deuda externa se calcula en unos 330.000 millones de dólares, incluidos los desembolsos del FMI por 44.000 millones. En 2015, al asumir Macri, Argentina tenía una deuda equivalente al 52,%6 de su PIB, según datos oficiales. Ahora es de casi 90%.
«Sin dólares»
La «megaley» implica el alza de impuestos a los sectores altos y medios, beneficios sociales para los sectores más carenciados.
Entre las medidas se impone una tasa de 30% a la compra y gastos en divisas, en un país acostumbrado a ahorrar en la moneda estadounidense para cubrirse de las devaluaciones del peso y de la inflación.
También contempla aumento a los gravámenes a las exportaciones agrícolas, con un máximo 33% para la soja, el principal producto de exportación.
La medida puso en alerta al poderoso sector agrario, el único que creció en el último año. Sus dirigentes fueron recibidos el lunes por Fernández quien se comprometió a analizar sus pedidos.
«Argentina se quedó sin dólares. Se le fugaron 100.000 millones de dólares a Macri. Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares», explicó Fernández.
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