Relatores de la ONU trasladan su «profunda consternación» por el uso de la fuerza en las protestas de Colombia

«Estamos profundamente consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía y los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) contra manifestantes pacíficos, defensores de los Derechos Humanos y periodistas en varios lugares del país», han señalado.

Los expertos han recibido informes de al menos 26 muertes, en su mayoría jóvenes, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones –incluyendo a policías–, aproximadamente 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos 12 casos de violencia sexual, así como alegaciones de tortura. Además, se han producido al menos 69 agresiones contra defensores de Derechos Humanos.

En este sentido, han recordado que el uso de la fuerza potencialmente letal es una medida «extrema, a la que sólo se puede recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente». Las armas menos letales, por el contrario, deben emplearse únicamente sujetas a «requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, cuando las medidas menos dañinas resulten ineficaces», han incidido.

Una de las cuestiones que más preocupa a los expertos es la participación de los militares en la respuesta a las protestas del Gobierno. Así, han subrayado que el personal militar se forma y entrena principalmente para defender el país contra las amenazas de carácter militar y no debería ser utilizado para vigilar las manifestaciones.

Además, han expresado su alarma por los violentos ataques reportados contra la Minga indígena en Cali. «Rechazamos cualquier intento de acusar a los pueblos indígenas de participar con armas en las protestas pacíficas», han indicado, antes de pedir a las autoridades que «tomen medidas para evitar que se extienda la estigmatización contra los manifestantes».

Por otra parte, han aludido a la represión contra los medios de comunicación, incluyendo censura, restricciones de Internet, así como ataques y acoso a periodistas. «Las autoridades colombianas deben respetar la libertad de expresión y de prensa y garantizar que los periodistas puedan cubrir las noticias en condiciones de seguridad», han agregado.

INVESTIGACIONES

Por todo ello, los relatores han pedido a las autoridades que lleven a cabo investigaciones «exhaustivas, rápidas, efectivas, imparciales e independientes» sobre todas las presuntas violaciones de Derechos Humanos, «procesar y castigar» a los responsables de dichas violaciones y garantizar una reparación «adecuada», incluyendo la indemnización a las víctimas y a sus familias. También han instado al Gobierno a revelar el paradero de todas las personas detenidas.

Los expertos, que han estado en contacto recientemente con el Gobierno, también han solicitado a las autoridades que respeten el derecho de reunión pacífica en futuras protestas y que velen por que el uso de la fuerza se utilice respetando los principios de «precaución, necesidad y proporcionalidad». «Seguiremos vigilando de cerca la evolución de la situación,» han advertido.

Las protestas que sacuden el país desde hace ya dos semanas, han dejado ya más de 40 víctimas mortales, según organizaciones civiles. Comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Ejecutivo de Iván Duque, pero una vez retirada la misma las movilizaciones reclaman medidas para atajar la desigualdad en el país.

Acceda a la versión completa del contenido