«La presencia territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales continúa afectando gravemente la vida de la población civil y la gobernabilidad en varias regiones del país», señaló Acnudh en su informe anual sobre la situación en Colombia, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, en la ciudad suiza de Ginebra.
El informe documentó 89 denuncias de posibles masacres, de las cuales 72 fueron verificadas, con un saldo de 252 víctimas.
Además, se reportaron 51.623 personas desplazadas y más de 138.000 confinadas debido a la violencia.
La Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó el asesinato de 33 excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo (FARC-EP), lo que representa una reducción del 31 por ciento respecto a 2023.
El Acnudh también registró 216 casos de reclutamiento de niños y niñas por grupos armados, con un alto porcentaje de víctimas indígenas y afrodescendientes.
«El reclutamiento forzado sigue siendo una estrategia de control territorial y una violación grave a los derechos de la infancia», advirtió el organismo.
En cuanto a la situación de defensores de derechos humanos, se reportaron 191 denuncias de homicidios, de los cuales 89 fueron confirmados como ataques relacionados con su labor, y 43 eran líderes de Juntas de Acción Comunal, colectivos integrados por vecinos para mejorar la calidad de vida de la comunidad.
«Las amenazas y asesinatos contra líderes comunitarios siguen siendo una estrategia de intimidación utilizada por grupos ilegales para consolidar su poder», añadió la Oficina.
El informe reconoce los avances del Gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC-EP en 2016, incluyendo la ratificación del Acuerdo de Escazú (avalado en 2022 para garantizar participación ciudadana en asuntos ambientales) y la adopción de una política de desmantelamiento de organizaciones criminales.
Sin embargo, el documento hace énfasis en la necesidad de fortalecer la gobernabilidad y la presencia estatal en las regiones más afectadas por la violencia.
«El camino hacia la paz requiere una estrategia coordinada que garantice la seguridad y los derechos fundamentales de todos los colombianos», concluyó el informe.
El Alto Comisionado instó a Colombia a reforzar las políticas de protección para comunidades vulnerables y defensores de derechos humanos, y a garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.
