Massieu ha comparecido ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde ha revelado que cerca de 300 excombatientes de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han perdido la vida a manos de actores armados ilegales que se aprovechan de la pobreza y la escasa presencia del Estado en estas áreas.
Es por esto que el representante ha pedido la implementación de todas las garantías de seguridad contenidas en el acuerdo de paz y que tanto el Gobierno como los organismos estatales empleen de mejor modo mecanismos como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para intentar ponerle freno a la violencia.
Massieu ha puesto de manifiesto que en el departamento de Meta –un antiguo bastión de las FARC-Ejército del Pueblo y donde ahora reside uno de cada diez exmiembros del grupo– los excombatientes de la guerrilla piden ser parte activa de la comunidad y participar en la política local.
Sin embargo, ha denunciado que los excombatientes sienten que «tantos esfuerzos y tantas inversiones están ahora en peligro» a menos que se tomen medidas decisivas en materia de territorios, vivienda, ingresos sostenibles y seguridad. En caso contrario, deberán reubicarse en otros puntos del país buscando nuevas oportunidades.
RESPUESTA DEL GOBIERNO COLOMBIANO
Por su parte, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha defendido el trabajo del presidente, Iván Duque, en lo relacionado con la aplicación de los acuerdos de paz, y a apuntado que esta es la administración colombiana que más ha hecho por impulsar y ejecutar lo establecido en el proyecto.
«La implementación ha sido prácticamente en estos últimos tres años. Una paz con legalidad que no es excluyente, sino que es lo que hacía falta», ha afirmado Ramírez, quien también ha puesto en valor los aspectos positivos apuntado por Massieu.
De igual modo, ha puntualizado que los acuerdos de paz están previstos con un plazo de ejecución de 15 años, pero que este Gobierno de Duque no puede «retrasarse» en lo que le corresponde.
Finalmente, ha puesto en valor el «gran compromiso» que afronta su administración al tener que gestionar el hecho de que más de 13.900 excombatientes ahora pasen «a depender de la acción del Estado».
