Un guerrillero del Frente 36 de las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
La Sala de Reconocimiento de la JEP, mecanismo especial de la Justicia colombiana que investiga y juzga a los responsables del conflicto interno, ha señalado que los menores no solo fueron forzados a tomar las armas, sino que también fueron víctimas de violencia sexual, torturas, desapariciones y homicidios.
Se trata de «la mejor cifra, la más concreta que se puede hacer en este momento», cuenta la jueza instructora del caso, Lily Rueda. El periodo fijado, explica, se debe a que la JEP pudo identificar cuatro años en los que se produjeron picos de reclutamiento, 1997, 2000, 2002, 2007 y 2013, todos ellos en las regiones en las que operaba el ‘Bloque Oriental’, la principal facción de las FARC.
Antes de que la JEP hiciera pública está cifra, las autoridades colombianas estimaban que entre 1971 y 2016 unos 6.230 menores fueron reclutados a la fuerza por los diferentes grupos armados que operan en el país, aunque responsabilizaban a la ya desaparecida guerrilla de la mayoría de los casos.
Esta informe forma parte del caso 007 de la JEP abierto en marzo de 2019, ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’, que el derecho internacional estipula como un delito de lesa humanidad, recuerda el periódico colombiano ‘El Espectador’.
Este episodio de las FARC es uno de los más controvertidos, pues los menores no solo habría servido como guerrilleros, sino también en otro tipo de trabajos de intendencia, sabotaje, espionaje, e incluso como víctimas de violencia sexual.
Aunque en un principio, Rodrigo Londoño, uno de los máximos líderes de las FARC y ahora secretario general de Comunes, el partido surgido de la guerrilla, negó que se hubieran producido estos reclutamientos, llegando incluso a presentar ante la JEP todo tipo de recursos, años más tarde rectificó y citó «casos excepcionales» que no contaban con su aprobación.
Además de Londoño, alias ‘Timochenko’ en sus años de armas, otras figuras destacadas de la guerrilla como Julián Gallo, apodado ‘Carlos Antonio Lozada’, Pastor Alape, o Jorge Torres Victoria, conocido como ‘Pablo Catatumbo, acabaron reconociendo la presencia de menores en sus encuentros con la JEP.
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