La reciente condena contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras políticas más influyentes del país en las últimas décadas, ha abierto una nueva batalla judicial.
Tras ser sentenciado por delitos relacionados con la manipulación de testigos, su defensa ha reaccionado con un recurso que no solo cuestiona el fallo, sino que exige mantener su libertad mientras se tramita la apelación.
El caso, de gran repercusión en Colombia y América Latina, revive un proceso que comenzó hace más de una década y que ha enfrentado a Uribe con uno de sus principales detractores: el senador Iván Cepeda.
La investigación señala que el abogado Diego Cadena habría ofrecido beneficios a varios exparamilitares para que cambiaran su versión sobre los supuestos vínculos de Uribe y su hermano Santiago con el paramilitarismo
Uribe pide que no se ejecute la condena hasta que haya fallo firme
En un documento de 91 páginas presentado este lunes, el abogado defensor Jaime Enrique Granados argumenta que la condena impuesta a Uribe el pasado viernes supone una “grave violación de los derechos fundamentales” de su cliente. Según sostiene, la orden de arresto domiciliario vulnera la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y la libertad personal, dado que aún no existe una decisión definitiva sobre el caso.
La defensa asegura que “la sentencia transgredió estos derechos al ordenar su privación inmediata de libertad, sin que la condena esté en firme”, y exige que se deje sin efecto el numeral cuarto del fallo, que establece la ejecución de la medida.
El equipo jurídico del expresidente sostiene que el proceso judicial presenta “graves vicios de motivación” y fue tramitado con un “claro desconocimiento de la presunción de inocencia”, por lo que insisten en que Uribe debe poder enfrentar el resto del proceso en libertad.
Condenado por soborno y fraude procesal en un caso que se remonta a 2012
El pasado viernes, la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, dictó una sentencia condenatoria contra el exmandatario, imponiéndole doce años de arresto domiciliario, inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ocho años y medio y una multa de 3.444 millones de pesos, equivalentes a unos 720.700 euros.
La magistrada consideró probado que Uribe instigó a intermediarios para manipular testigos que estaban en cárceles colombianas, con el objetivo de que testificaran a su favor y desacreditaran a Cepeda.
A pesar de la sentencia, Uribe niega los hechos y ha afirmado en repetidas ocasiones que es víctima de una “persecución política”
Un giro judicial que comenzó con una denuncia contra Iván Cepeda
Este caso tiene su origen en el año 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presuntamente buscar falsos testimonios en su contra en varias cárceles del país. Sin embargo, las pruebas recabadas por la Fiscalía dieron un giro al proceso: los investigadores concluyeron que fueron los abogados de Uribe quienes, en realidad, intentaron manipular a los testigos.
Cepeda pasó así de acusado a víctima, mientras Uribe pasó de demandante a investigado. Desde entonces, el caso se ha convertido en un símbolo de la polarización política en Colombia y ha puesto bajo la lupa la relación del expresidente con estructuras ilegales.
Un proceso judicial con profundas implicaciones políticas
La condena a Uribe, el primer expresidente colombiano en ser sentenciado por la justicia ordinaria, marca un hito judicial en la historia reciente de Colombia. El caso podría tener repercusiones políticas en la derecha del país, especialmente en sectores que aún respaldan al exmandatario.
Por ahora, el Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si acepta la petición de la defensa y permite que el expresidente permanezca en libertad mientras se resuelve el recurso.
