La CIDH concluye que la respuesta del Gobierno colombiano a las protestas se basó en «uso desproporcionado de la fuerza»

Después de casi un mes desde la visita del organismo al país latinoamericano para verificar denuncias de violaciones de Derechos Humanos, la CIDH ha informado de sus conclusiones y ha compartido las 40 recomendaciones que ha trasladado a la Administración colombiana.

En este sentido, la comisión ha explicado, en una rueda de prensa desde Washington, que recibió un total de 2.908 solicitudes para dar testimonio de los cuales finalmente se logró contar con 302 declaraciones individuales y colectivas, con más de 500 personas implicadas.

La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, ha resaltado que las manifestaciones han sido, en su mayoría, pacíficas –un 89 por ciento–, mientras que ha informado sobre graves violaciones a los Derechos Humanos, entre las que ha denunciado violencia de género y discriminatoria, contra periodistas y misiones médicas, así como un uso indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes.

«La Comisión ha podido constatar que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal», ha criticado.

Otra de las acusaciones que ha podido constatar la comisión es la «violencia étnico-racial», para resaltar que organizaciones de la sociedad civil han afirmado que «al menos 82 personas afrodescendientes habrían sido objeto de represión por parte de la fuerza pública», mientras que en Cali y Yumbo, «de las 39 personas fallecidas, once serían de ese origen racial».

También ha puesto de manifiesto la preocupación del organismo ante la presencia de discursos estigmatizantes, «que propician un acelerado deterioro del debate público, es especialmente preocupante cuando provienen de autoridades públicas», recoge ‘El Tiempo’.

En cuanto a los «cortes de ruta», acepción con la que la CIDH se refiere a los bloqueos, ha indicado que las consecuencias de los mismos han supuesto un «profundo malestar y agotamiento de algunos representantes del Estado, cuerpos policiales y parte de la sociedad», derivado de «serias afectaciones particulares y colectivas». Entre estas consecuencias, algunas de las cuales han sido graves y han atentado contra la vida, ha condenado la muerte de dos bebés que no pudieron ser trasladados a centros de atención debido a los bloqueos.

No obstante, esto no debería llevar a que «el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta», un comportamiento que puede «contribuir al escalamiento de la tensión social» o puede «obstaculizar la gestión del conflicto social desde la perspectiva del diálogo».

En este sentido, ha recordado al Gobierno que «las personas manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad de su protesta», y que, por tanto, «no puede imponer restricciones a priori que la desnaturalicen».

Tras la visita, la CIDH ha instalado en Colombia un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos y ha trasladado al Gobierno 40 recomendaciones, entre las que destaca la promoción y fortalecimiento de «un proceso de diálogo genuino» que permita escuchar a todos los sectores, así como «garantizar y respetar el derecho a la protesta».

Una de las recomendaciones más destacadas ha sido la que aconseja separar a la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de Derechos Humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares».

En referencia al ESMAD, cuyas actuaciones han sido ampliamente criticadas a lo largo de las protestas que iniciaron el 28 de abril en contra de una reforma tributaria que finalmente el Gobierno retiró, la CIDH también ha recomendado limitar su actuación a «casos estrictamente necesarios». También ha sugerido que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sea «extraordinaria, subordinada y complementaria».

«La Comisión continuará monitoreando el desarrollo de las protestas, así como el seguimiento de las recomendaciones», ha ultimado Urrejola.

Las manifestaciones contra el Gobierno de Duque comenzaron hace más de dos meses en contra de una reforma fiscal presentada por el Ejecutivo y que ya fue retirada, a lo que se ha añadido una batería de demandas sociales que han hecho que los colombianos sigan saliendo a las calles.

En cifras oficiales, al menos una veintena de personas han fallecido en el marco de las movilizaciones, en las que se han visto imágenes de vandalismo y disturbios y se ha denunciado una fuerte represión policial que ha llevado a la comunidad internacional a insistir en el respeto de los Derechos Humanos.

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