El visto bueno al PMA es uno de los requisitos que ordenó el Tribunal Constitucional para llevar a cabo la vuelta de la aspersión y se produce después de que el Gobierno de Colombia, firmase un decreto con el marco normativo para controlar el riesgo sanitario y medioambiental del uso del glifosato para la PECIG.
En la resolución de 507 páginas en la que la ANLA ha dado vía libre a la modificación del plan, también ha señalado las zonas donde se llevará a cabo la aspersión, 104 municipios de 14 departamentos colombianos.
Los departamentos serán Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Valle del Cauca y Vichada, recoge ‘El Tiempo’.
La ANLA recoge en su resolución que la vuelta de la aspersión depende también de la presentación de planes de manejo ambiental específicos para cada polígono y apunta a condiciones concretas que deberá cumplir la Policía, encargada de ejecutar el PECIG.
Asimismo, establece restricciones ambientales como medidas de prevención, entre ellas que solo se podrá usar el avión Air Tractor AT 802 y glifosato con una concentración de 480 gramos por litro de sal isopropilamina. Asimismo, no se podrá asperjar sobre cultivos cosechados, ni más de una vez por operación en un mismo lote, entre otras medidas.
La decisión de la autoridad ambiental supone una traba menos para que el Gobierno de Iván Duque, pueda citar al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), que suspendió en 2015 esta fumigación, a debatir si autoriza su regreso.
Tras conocer la posible reactivación de la fumigación con glifosato, la Asociación de Cocaleros de Colombia ha anunciado este miércoles movilizaciones en rechazo, ya que campesinos se han visto forzados a volver a cultivar porque la respuesta del Gobierno fue «débil» tras la salida de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de algunos departamentos.
«Nosotros cultivamos coca porque no hay vías de comunicación», ha argumentado, subrayando que las vías terrestres están «degradadas» y «no existen garantías para comercializar otros productos», ha apuntado uno de ellos.
La aspersión con glifosato, la estrategia antidroga por la que se decanta el Gobierno, fue suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en 2015 y ha sido criticada por distintas organizaciones sociales, pese a ello el presidente de Colombia, Iván Duque, firmó el decreto el lunes.
El ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, ha insistido en que esta medida «se ajusta totalmente a la legalidad» y ha asegurado que la iniciativa «complementa» y «no limita» las políticas de sustitución de estos cultivos ilícitos.
El Gobierno de Colombia, uno de los mayores productores de cocaína del mundo, ha incidido en que el decreto «no reactiva automáticamente» la aspersión aérea con glifosato, ya que hace falta que el CNE verifique que se cumplen los seis requisitos que exigió el Tribunal Constitucional en 2017 para reanudar esta estrategia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el glifosato como potencialmente cancerígeno y nocivo para el medio ambiente.
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