La iniciativa del presidente Gustavo Petro para llevar la reforma laboral a consulta popular marca un nuevo capítulo en el pulso entre el Ejecutivo y el Congreso. Tras el archivo legislativo del proyecto, el mandatario busca refrendar sus propuestas directamente con la ciudadanía. Sin embargo, el proceso enfrenta un nuevo filtro jurídico: la Corte Constitucional deberá determinar si el decreto se ajusta a la Carta Magna, abriendo un compás de espera clave para el futuro de los derechos laborales en Colombia.
Petro firma el decreto y lo remite a la Corte Constitucional
Gustavo Petro anunció el miércoles 11 de junio la firma del decreto que convoca oficialmente a la consulta popular sobre la reforma laboral. El mandatario lo hizo público a través de su cuenta en la red social X, donde indicó que la medida solo sería retirada si el Congreso aprueba los puntos incluidos en la consulta:
“Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo […] son respondidos positivamente por el Congreso”, explicó
Con este acto, el Gobierno avanza en su intención de apelar a la soberanía popular para refrendar los contenidos centrales de la reforma laboral, luego de que el Senado obstaculizara el trámite legislativo en mayo.
Del rechazo parlamentario a la vía ciudadana
El detonante de esta decisión fue el archivo del proyecto en la comisión séptima del Senado, situación que derivó en fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El 14 de mayo, el Senado rechazó la consulta propuesta por apenas dos votos de diferencia, lo que provocó un amplio descontento entre sectores sindicales y sociales.
En respuesta, el Gobierno denunció irregularidades en el procedimiento de votación y sectores oficialistas calificaron la decisión de “ilegítima”.
El Ejecutivo presentó una propuesta de consulta con 12 preguntas, centradas en garantizar derechos laborales fundamentales, como la estabilidad, negociación colectiva y condiciones dignas de trabajo
Protestas obreras y revivificación del debate
El rechazo parlamentario provocó una oleada de movilizaciones sociales impulsadas por centrales obreras y sindicatos, que salieron a las calles en respaldo a la reforma. Esta presión social generó que el Congreso retomara el debate del proyecto en otra comisión legislativa.
A finales de mayo, la reforma fue aprobada en tercer debate. No obstante, los plazos legislativos amenazan con impedir su aprobación total antes de finalizar el período de sesiones.
La Corte Constitucional tiene la última palabra
Con el decreto ya radicado, la Corte Constitucional deberá estudiar si la convocatoria a consulta cumple con los requisitos jurídicos y constitucionales.
Esta instancia será decisiva para saber si el país se encamina a un proceso plebiscitario que permita validar por voto popular una reforma rechazada por los canales legislativos tradicionales.
