La violencia asociada al conflicto armado, el narcotráfico y el crecimiento de la migración irregular han provocado un deterioro alarmante en la situación humanitaria de Colombia. Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, miles de personas fueron forzadas a abandonar sus hogares o quedaron atrapadas en sus territorios durante los primeros seis meses del año. Mientras las cifras crecen, las garantías de seguridad y asistencia siguen sin llegar a los territorios más vulnerables.
Desplazamientos masivos continúan en aumento
La Defensoría del Pueblo informó que 82.819 personas fueron desplazadas forzadamente entre enero y junio de 2025. Departamentos como Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y especialmente la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentran los eventos más críticos.
En Catatumbo se reportaron 72.588 desplazamientos en 21 eventos. Solo en Cúcuta, capital departamental, se contabilizaron 33.737 personas desplazadas, seguida de Ocaña (16.235) y Tibú (10.076). Estas cifras reflejan el impacto sostenido del conflicto en una de las zonas más militarizadas y vulnerables del país.
Durante el mes de junio, municipios como Alto Baudó y Tadó (Chocó) sufrieron el desplazamiento de 527 personas, mientras que en Buenaventura (Valle del Cauca) y Amalfi (Antioquia), 329 personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a enfrentamientos y amenazas armadas.
La Defensoría también emitió 141 alertas por riesgo de desplazamiento o confinamiento y reportó 146 homicidios, 54 personas lesionadas y la desaparición de seis firmantes de paz
Confinamientos prolongados agravan la crisis
Durante el mismo periodo, 50.703 personas quedaron confinadas, sin posibilidad de desplazarse ni acceder a servicios básicos, siendo San José del Guaviare el caso más grave, con 10.000 personas afectadas por restricciones de movilidad impuestas por actores armados.
En el Catatumbo, los municipios de Convención y El Tarra experimentan confinamientos prolongados que afectan gravemente la provisión de alimentos, medicamentos y servicios esenciales.
La Defensoría del Pueblo reclama la presencia efectiva del Estado y la implementación inmediata de ayuda humanitaria en estas regiones aisladas por la violencia
Mujeres, infancia y comunidades étnicas, las más afectadas
Las mujeres han sido especialmente golpeadas por esta crisis: 17.115 fueron atendidas por las autoridades y 2.511 recibieron formación en derechos relacionados con movilidad forzada.
Además, la entidad alerta sobre el riesgo de reclutamiento forzado, violencia sexual y discriminación, especialmente hacia personas LGBTIQ+ y comunidades étnicas.
Flujo migratorio descontrolado agudiza la emergencia
A la crisis del desplazamiento interno se suma el crecimiento de la migración irregular. Entre enero y junio de 2025, 84.083 migrantes cruzaron Colombia, en su mayoría venezolanos (80.451), pero también provenientes de India, Bangladés y China.
Del total, 17.735 eran niños, niñas y adolescentes, lo que expone a esta población a mayores riesgos, como la trata de personas, el abandono y la violencia sexual.
También se ha identificado un flujo migratorio inverso desde Panamá, con 12.347 personas ingresando por la ruta entre La Miel y Capurganá, de las cuales el 18,1% eran menores de edad.
La Defensoría exige activar rutas de protección, reforzar la presencia institucional en zonas de frontera y prevenir el reclutamiento forzado en contextos de alta vulnerabilidad
Llamado urgente a las autoridades
El informe concluye con un enérgico llamado a las instituciones del Estado para priorizar la atención a las víctimas y fortalecer la presencia institucional en los territorios más afectados por el conflicto, el abandono y el fenómeno migratorio.
