La decisión judicial, dictada por la jueza Sandra Heredia, representa un hito sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Con una trayectoria marcada tanto por el combate a las guerrillas como por múltiples escándalos, Uribe se convierte en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, tras un largo proceso judicial que expuso presiones a testigos, interceptaciones y una presunta red de encubrimientos.
La defensa del expresidente ya ha anunciado que apelará la decisión, al tratarse de una sentencia en primera instancia
Del combate a las FARC al banquillo de los acusados
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, ascendió al poder con un discurso de mano dura contra las FARC y con el respaldo de sectores empresariales, ganaderos y parte de la sociedad civil que clamaban seguridad. Bajo su gobierno, se fortaleció el aparato militar, se firmaron acuerdos de cooperación con EEUU y se redujo drásticamente la presencia guerrillera en zonas rurales.
Sin embargo, su legado quedó empañado por graves violaciones a los derechos humanos, como los llamados falsos positivos, donde civiles inocentes fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos. A esto se sumaron seguimientos ilegales, corrupción y presiones judiciales, según diversas investigaciones.
El origen del caso: Iván Cepeda y los testimonios de exparamilitares
El proceso judicial que terminó con la condena de Uribe comenzó en 2012, cuando Iván Cepeda, senador del movimiento Pacto Histórico, presentó testimonios que vinculaban al expresidente con grupos paramilitares. En lugar de responder a esas acusaciones, Uribe denunció a Cepeda por manipulación de testigos.
Pero en 2018, la Corte Suprema no solo desestimó esa denuncia, sino que abrió una investigación contra el propio Uribe, al encontrar indicios de que este había intentado influir en los testimonios de testigos clave para que inculparan falsamente a Cepeda.
Pruebas clave: grabaciones, documentos y presiones carcelarias
La sentencia se basó en más de 1.500 páginas de documentos y más de 27.000 horas de grabaciones telefónicas, en las que se evidenciarían contactos entre emisarios de Uribe y testigos en prisión. Según la jueza, estos esfuerzos buscaban cambiar versiones judiciales y entorpecer procesos abiertos por vínculos con el paramilitarismo.
A pesar de los obstáculos que enfrentó el caso, como tres intentos de la Fiscalía de archivarlo sin juicio, los jueces permitieron que la causa avanzara, subrayando la solidez del expediente.
Uribe: un líder dividido entre el respaldo popular y la sombra del paramilitarismo
Álvaro Uribe, de 73 años, es una figura profundamente polarizadora en la política colombiana. Para algunos, es el artífice del retorno de la seguridad al país; para otros, un símbolo de impunidad, violencia institucional y abuso de poder.
Durante su presidencia, también fueron frecuentes los señalamientos por su cercanía con estructuras armadas ilegales, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que han sido responsables de crímenes atroces en el conflicto armado.
La condena de este viernes no solo marca un precedente judicial, sino que sacude los cimientos del uribismo, movimiento político que aún conserva influencia, especialmente en sectores conservadores y del empresariado.
Condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez
| Medida Judicial | Detalle |
|---|---|
| Tipo de pena | Prisión domiciliaria |
| Duración | 12 años |
| Multa económica | 861.000 dólares |
| Inhabilitación para cargos públicos | 100 meses y 20 días (más de 8 años) |
| Delitos imputados | Soborno en actuación penal, fraude procesal |
| Estado del proceso | Primera instancia (apelable) |
