En el texto, difundido por el excomandante en jefe Ricardo Martínez, quien renunció el miércoles pasado a su cargo, la institución considera de «vergüenza» su participación en crímenes de lesa humanidad como torturas, secuestros, desapariciones y ejecuciones de opositores, entre ellos, los asesinatos de los generales Carlos Prats y René Schneider y el del dirigente sindical Tucapel Jiménez entre los años 1973 y 1990.
«Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación -ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas- fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar», indica el documento.
En especial, se reprueba la denominada Caravana de la Muerte, mecanismo a través del cual se cometieron masacres en distintas ciudades chilenas y que afirman afectó a la institución.
«Uno de los episodios más condenables fue el paso -a fines de 1973-del general Sergio Arellano Stark y su comitiva, conocida como la ‘Caravana de la Muerte’ hasta nuestros días, que hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la Institución», explica.
Arellano recorrió el país en helicóptero como «delegado» de Pinochet y los oficiales que lo acompañaban obligaron a jóvenes oficiales y suboficiales a participar en los delitos por los cuales fueron procesados y condenados.
El informe, de 120 páginas, afirma que «las situaciones que se vivieron durante el gobierno militar de violación a los derechos humanos no pueden minimizarse ni descontextualizarse, debido a que los militares están obligados en su actuar a respetar las normas y procedimientos legales».
De igual forma, se habla de la investigación ‘Fraude en el Ejército’ en el que se han visto involucrados excomandantes en Jefe por malversación de recursos públicos.
