Carabinero durante las protestas sociales en Chile
«Hemos convocado a una jornada de protesta nacional a dos años de la revuelta para protestar en contra de la impunidad que ha imperado en el país tras las violaciones sistemáticamente los derechos humanos», señaló en conferencia de prensa la portavoz de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Antonia Rolán, una de las organizaciones que se manifestó en las calles de la capital.
La protesta de la Aces se desarrolló en la comuna de Providencia, en la zona oriente de Santiago, y fue una de las más llamativas debido a que dos estudiantes se colgaron de lo alto de una pasarela peatonal frente a un centro comercial, utilizando una especie de arnés que les permitió permanecer más de una hora suspendidos en el aire.
Finalmente, funcionarios de Carabineros (policía militarizada) subieron por la estructura, descolgaron a los jóvenes, los bajaron a salvo, los detuvieron y trasladaron a la comisaría.
En el centro de Santiago se congregó el movimiento social Ukamau, una organización ciudadana que defiende el derecho a la vivienda, quienes caminaron por la Alameda, la avenida principal de la capital, e interrumpieron el tránsito durante varios minutos.
En distintos puntos de la ciudad se registraron protestas aisladas con instalación de barricadas, las que debieron ser apagadas y eliminadas por Carabineros (policía militarizada) para regularizar el paso de vehículos.
Durante el resto de la jornada se esperan protestas en varios puntos de Santiago y en otras ciudades como Valparaíso (centro), Viña del Mar (centro), Antofagasta (norte), Concepción (centro sur) y otras.
El 18 de octubre de 2019 se registró una serie de manifestaciones, incendios e incidentes en Santiago en una jornada que posteriormente dio inicio a una serie de masivas manifestaciones ciudadanas en contra del sistema económico neoliberal, los abusos, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera y la actual Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La represión policial y de las Fuerzas Armadas dejó un enorme saldo de violaciones a los derechos humanos confirmadas por las Naciones Unidas y distintos organismos nacionales e internacionales.
De las 3.072 querellas interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desde 2019 hasta la fecha en casos de atropellos a los derechos humanos, la justicia solo ha decretado cuatro sentencias condenatorias.
El estallido generó también el inicio de un proceso constituyente que, a través de una Convención Constitucional elegida por la ciudadanía, busca reemplazar la actual carta magna.
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