El candidato presidencial chileno Gabriel Boric - JUAN FARIAS / AGENCIAUNO
«El presidente de la República ha aceptado la renuncia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, y ha designado en su reemplazo al abogado Luis Cordero Vega, quien asumirá el cargo a inicio de la próxima semana», señala el comunicado publicado el 7 de enero.
Según la misma nota, Boric también «ha aceptado la renuncia de Matías Meza-Lopehandía en el cargo de jefe de Gabinete».
Se precisa que de momento y hasta que Cordero Vega asuma el cargo de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, lo ocupará como subrogante el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón.
El propio presidente chileno explicó en una rueda de prensa en La Moneda que aceptó la dimisión Ríos Tobar «debido a que hubo desprolijidades en la ejecución» de la decisión presidencial del pasado 30 de diciembre de indultar a 12 presos detenidos durante las protestas del estallido social en Chile (octubre de 2019-marzo 2020), así como a Jorge Mateluna, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez condenado en 2013 a 16 años de prisión por un asalto a una sede del Banco Santander.
La decisión de Boric de otorgar indultos a estos individuos ha sido muy criticada y provocó la indignación, sobre todo, de la oposición.
«Todos quienes tienen una función de alta responsabilidad en mi gobierno, saben que cuando se cometen errores de esta naturaleza, como decía antes, hay que asumir las responsabilidades políticas como se está haciendo en este caso», recalcó el mandatario el sábado.
El indulto a presos de las revueltas de 2019 en Chile fue una de las promesas de la campaña electoral de Boric en 2021.
Los presos de las revueltas son un grupo de personas imputadas por delitos cometidos en el marco de las manifestaciones ciudadanas durante el estallido social.
El 18 de octubre de 2019 se registró una serie de manifestaciones, incendios e incidentes en Santiago en una jornada que posteriormente dio inicio a una serie de masivas manifestaciones ciudadanas en contra del sistema económico neoliberal, los abusos, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera y la actual Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Durante las protestas de 2019 en Chile se ordenó una represión a cargo de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y las ramas de las Fuerzas Armadas, que dejó un enorme saldo de violaciones a los derechos humanos confirmadas por las Naciones Unidas y distintos organismos nacionales e internacionales.
El estallido generó también el inicio de un proceso constituyente que, a través de una Convención Constitucional elegida por la ciudadanía, busca reemplazar la actual carta magna.
El 4 de septiembre Chile celebró el plebiscito sobre la propuesta de nueva carta magna escrita por la Convención Constitucional y la opción Rechazo se impuso con 61 por ciento de los votos, frente a 38 por ciento que votó Apruebo.
Sin embargo, aunque una mayoría rechazó la propuesta de nueva Constitución, hay consenso entre líderes políticos en que el país necesita sustituir el texto actual.
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