En un comunicado, el Ministerio de Exteriores chileno ha detallado que, después de evaluar «todos los antecedentes disponibles», el TPI ha descartado «fundadamente» que «existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que el TPI tenga jurisdicción». Así, ha concluido que «las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar».
«Sin perjuicio de lo anterior, el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y con el trabajo que realizan la oficina del fiscal (Karim Khan) y el TPI y seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido», ha concluido la cartera de Exteriores chilena.
Varias organizaciones denunciaron a Piñera y otras autoridades políticas y policiales por crímenes de lesa humanidad en abril. El recurso fue presentado al TPI por el exjuez español Baltasar Garzón y estaba impulsado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia.
El 18 de octubre de 2019, el pueblo de Chile salió masivamente a las calles para protestar por el alza del precio del transporte público, iniciando movilizaciones que se mantuvieron constantes durante varios meses y que canalizaron el descontento de la sociedad por la apabullante desigualdad. Las demandas escalaron rápidamente y una de las principales era la redacción de una nueva Carta Magna, ya que la vigente en aquel momento databa de la dictadura de Augusto Pinochet, que cayó en 1990.
El Gobierno de Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las movilizaciones, no escuchó las demandas de los ciudadanos en un primer momento, mientras el papel de las fuerzas de seguridad, especialmente los Carabineros, ha sido criticado por posibles excesos cometidos en sus intervenciones.
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