«Con 78 votos a favor, 77 en contra y 3 abstenciones la Cámara de Diputados de Chile aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera Echenique», informó el Congreso a través de un comunicado.
Todos los sufragios a favor provinieron del sector opositor y ningún diputado oficialista se sumó al proceso.
La maratónica jornada duró casi 22 horas horas de las cuales 15 correspondieron a una exposición continua del diputado acusador Jaime Naranjo del Partido Socialista (centroizquierda), encargado de presentar los argumentos y entregar detalles del libelo.
La razón del extenso discurso de Naranjo se debió a una estrategia orquestada por la oposición para extender la sesión y así lograr que el diputado del partido Revolución Democrática (izquierda) Giorgio Jackson, quien se encontraba cumpliendo una cuarentena preventiva por ser contacto estrecho de un contagiado de covid-19, pudiera cumplir el plazo de su encierro y alcanzar a entrar al Congreso Nacional para votar.
Con este resultado la iniciativa terminó su trámite en la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su revisión, instancia donde Piñera deberá volver a defenderse para evitar ser destituido de su cargo a solo cuatro meses de terminar su mandato.
El 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó una investigación denominada Papeles de Pandora en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.
En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Las empresas del presidente, administradas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.
La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.
