Aunque las movilizaciones comenzaron a raíz de la subida del precio del transporte público, las demandas escalaron rápidamente y una de las principales era la redacción de una nueva Carta Magna, ya que la vigente en aquel momento databa de la dictadura de Augusto Pinochet, que cayó en 1990. Según explica la encargada de gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, Marcela Ríos, el asunto de la redacción de una nueva Constitución llevaba tiempo discutiéndose en Chile, aunque nunca se llegó a un acuerdo en este sentido.
En primer lugar, es necesario entender los antecedentes del contexto chileno antes de las movilizaciones. Ríos, en una entrevista concedida a Europa Press, cuenta que Chile mostraba un «deterioro» en la relación entre la política, las instituciones formales de la democracia y los ciudadanos. «Baja confianza en los partidos, baja confianza en el Congreso, bajos niveles de participación electoral», enumera, reiterando que la ciudadanía se había «alejado» de la democracia.
Será la primera Carta Magna de América Latina redactada por un equipo paritario
No obstante, si algo destaca en la sociedad chilena es la desigualdad entre la élite del país y los ciudadanos. En Chile, donde el 27 por ciento de la riqueza está concentrada en el 1 por ciento de la población, el malestar era creciente. Más si se tiene en cuenta que el país latinoamericano está considerado un milagro económico por la adopción de medidas neoliberales. «Había una narrativa respecto al caso económico que enmascaraba toda la desigualdad y pobreza, pero explotó», resume la subdirectora regional de programas para América Latina y el Caribe de Oxfam, Gloria García.
Aunque la explosión a la que alude García comenzó en octubre de 2019, se extendió hasta marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 también golpeó el país latinoamericano. A su juicio, la «perseverancia» fue uno de los secretos del éxito de las protestas en Chile. «No es normal que una población realice movilizaciones sostenidas», comenta a Europa Press, marcando distancia entre el caso chileno y las movilizaciones en otros países de Latinoamérica.
La otra característica fundamental de la movilización chilena es que la petición de la ciudadanía era «muy específica», continúa García, en alusión a la redacción de una nueva Constitución. «Otros movimientos tienen una agenda variada», precisa, pero este estaba «concentrado en la necesidad» de cambiar la Carta Magna, aunque contara con una «agenda adicional».
El Gobierno de Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las movilizaciones, no escuchó las demandas de los ciudadanos en un primer momento. «Fundamentalmente está apoyado por las élites, que tienen capturado el Estado y todos los privilegios», explica García, que también alude a las «fuertes presiones» a las que el 1 por ciento más rico sometió al presidente «para que no escuchara». Sin embargo, Piñera terminó cediendo.
Mención aparte merece el papel de las fuerzas de seguridad, especialmente de los Carabineros, que ha sido objeto de análisis y críticas en este último año, especialmente por los posibles excesos cometidos en sus intervenciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene registradas más de 2.500 denuncias y unas 3.000 víctimas por abusos entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
«La represión (de las protestas) sí es una constante en las Américas», lamenta la subdirectora regional de Oxfam, recordando que estas fuerzas están «entrenadas» para la represión y la contención de las movilizaciones. Asimismo, apunta que la delegación de responsabilidades tampoco ayuda en este sentido «porque los individuos de la fuerza pública no son individuos, sino que siguen órdenes» y «hay una descarga grande de la responsabilidad».
Este cóctel desembocó en un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos chilenos para la celebración de un referéndum para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución y para determinar el mecanismo para dicho proceso. Fijado inicialmente para el 26 de abril de 2020 y pospuesto hasta el 25 de octubre por la pandemia, el 78,2 por ciento de los chilenos votaron ‘sí’ a la nueva Carta Magna, redactada por una convención constituyente, según eligió el 79 por ciento.
Ríos destaca el, hasta ahora, apego de la ciudadanía al proceso constituyente y ejemplifica sus palabras con el aumento en la participación en el plebiscito, que superó el 50 por ciento por primera vez desde que Chile aprobó el voto voluntario, y en el marco de la pandemia. La experta, que considera que «el proceso es la respuesta institucional a una crisis social y política», cree que está logrando «generar una esperanza y un reencantamiento con la política formal». «Es una ventana de oportunidad para recomponer la relación una relación rota entre las élites y los ciudadanos», resume.
LA COMPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN
Una de las características más relevantes de la composición de la Convención es que será paritaria y garantiza 17 escaños para los pueblos originarios. Así, la nueva Constitución de Chile será la primera de Latinoamérica en ser redactada por un equipo formado a partes iguales por hombres y mujeres. También será la primera vez que los pueblos indígenas van a «sentarse a la mesa» desde que se fundó la nación, apunta Ríos.
Pero uno de los roles más importantes en la formación de la Convención lo jugarán los independientes. La encargada de gobernabilidad del PNUD comenta que el contenido de la Constitución tendrá que aprobarse por un quórum de dos tercios, lo que quiere decir que se requieren «mayorías muy altas». «Por lo tanto, si hay gran cantidad de independientes va a funcionar de una manera totalmente distinta», detalla, destacando que «puede ocurrir que las negociaciones no sean en bloque».
En este sentido, analistas citados por Radio Cooperativa vaticinan que la Convención Constituyente será diversa «como nunca antes» y que la derecha, gracias a su reciente unidad, estará sobrerrepresentada y obtendrá, al menos, un tercio de los escaños.
No obstante, «ya las innovaciones en representación son muy importantes», señala, poniendo el foco en que ya no importa lo que uno piensa, sino también importa quién se es. «Esa parte de la representación va a generar un antes y un después para adelante», predice.
Mientras, a juicio de García, el hecho de que se haya incluido el mismo número de hombres y de mujeres y a miembros de pueblos originarios «ya constituye en sí misma una esperanza distinta a otras constituciones escritas por las élites». Sin embargo, la subdirectora regional de Oxfam se muestra cautelosa con el proceso y pide «estar atentos» al desarrollo del mismo. «Otros (procesos similares) en Bolivia o Ecuador no necesariamente han garantizado un tránsito de un estado de cosas a cosas nuevas mejores», justifica.
