Una delegación de AI, encabezada por la directora para las Américas de AI y el director ejecutivo de la ONG en Chile, Érika Guevara Rosas y Rodrigo Bustos, se ha reunido con Boric para «dialogar sobre el panorama de Derechos Humanos en el país» y para entregarle un documento que establece los temas prioritarios en la agenda de diálogo entre el Gobierno chileno y AI, según un comunicado de la ONG.
Los temas prioritarios son, entre otros, el acceso a la justicia, la reforma policial, derechos sexuales y justicia reproductiva, política migratoria y de refugio, desigualdad y acceso a la salud y el rol de Chile en la protección de los Derechos Humanos en la región, con el foco en la crisis de Derechos Humanos en Venezuela.
«El Gobierno de Boric tiene una oportunidad histórica de poner los derechos en el centro del actuar estatal en Chile y dejar atrás el legado sombrío del Gobierno anterior en cuestión de las graves y generalizadas violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el estallido social», ha indicado Bustos.
Por su parte, Guevara Rosas ha celebrado la «voluntad» del Gobierno chileno de «hacerse cargo de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y jugar un rol de liderazgo internacional al respecto». «La Administración de Boric tiene la oportunidad de mostrar una efectiva forma de colaboración entre Estados cimentada en la protección de Derechos Humanos», ha añadido.
La directora para las Américas de AI ha recordado que se trata del continente «más desigual del mundo», por lo que el Estado chileno y el resto de países de la región deben centrarse en una «recuperación justa» que «no deje a nadie fuera».
La Presidencia de Chile ha difundido a través de su cuenta de la red social Twitter que el Gobierno está «comprometido» con la defensa «incondicional» de los Derechos Humanos, por lo que la reunión buscaba «seguir avanzando en el plan de justicia y reparación, proyectando así el trabajo del Gobierno en esta materia».
El 18 de octubre de 2019, el pueblo de Chile salió masivamente a las calles para protestar por el alza del precio del transporte público, iniciando movilizaciones que se mantuvieron constantes durante varios meses y que canalizaron el descontento de la sociedad por la apabullante desigualdad. Las demandas escalaron rápidamente y una de las principales era la redacción de una nueva Carta Magna, ya que la vigente en aquel momento databa de la dictadura de Augusto Pinochet, que cayó en 1990.
El Gobierno de Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las movilizaciones, no escuchó las demandas de los ciudadanos en un primer momento, mientras el papel de las fuerzas de seguridad, especialmente los Carabineros, ha sido criticado por posibles excesos cometidos en sus intervenciones.
