El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante la toma de posesión de su tercer ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello
«Ninguna de las objeciones presentadas por el Ministerio de Salud para la compra de vacunas de Pfizer se sustenta desde el punto de vista fáctico y/o jurídico», dice el escrito de la Fiscalía.
«En lo que se refiere a las cláusulas de garantías de pago y de no asunción de responsabilidad civil por parte de la empresa, el Ministerio de Salud, en cuanto vislumbró el problema, pudo haber propuesto al presidente de la República un proyecto de ley que explicitase la posibilidad de firmar el contrato», explica.
Las conclusiones son parte de una demanda por mala conducta administrativa presentada la semana pasada contra Pazuello por un equipo de ocho fiscales de la Fiscalía del Distrito Federal, en la que exponen una serie de irregularidades cometidas por el exministro de Salud, cuya gestión es tachada de «gravemente ineficiente y dolorosamente desleal».
En el documento, al que ha tenido acceso el diario ‘O Globo’, se señala que el general Pazuello «no siguió los mejores parámetros técnico-científicos», sino que se dejó llevar por «otras opiniones, orientaciones e influencias internas y externas al Gobierno Federal».
Se trata de la primera vez que la Fiscalía hace un análisis jurídico sobre el episodio de Pfizer, que también forma parte del análisis de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investiga la gestión del Gobierno del presidente, Jair Bolsonaro, durante la pandemia. No así de la gestión de Pazuello, quien ya fue cuestionado por la Fiscalía de Amazonas por el colapso sanitario que padeció aquel estado ante la falta de reservas de oxígeno.
La farmacéutica intentó contactar desde mayo del año pasado con las autoridades brasileñas sin éxito, con el envío de más de ochenta correos electrónicos. El Ministerio de Salud siempre alegó que las cláusulas contractuales, entre ellas una que eximía de responsabilidad a Pfizer por posibles efectos secundarios y un depósito en el exterior para garantizar el pago, hacían imposible el acuerdo.
Esa misma cláusula que eximía de responsabilidad a la farmacéutica, revela el texto, fue aceptada por el Gobierno meses más tarde con el acuerdo alcanzado con AstraZeneca a través del Instituto Fiocruz, «sin que eso motivara ningún impedimento legal».
«Pazuello podría haber consultado al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en cuanto vislumbró estas, para él, dificultades normativas, pero en lugar de eso, retrasó conscientemente la toma de decisiones, una omisión que costó, y sigue costando, la vida de miles de brasileños», denuncia.
«La omisión del exministro de Salud a la hora de adoptar todas las medidas que estuviesen a su alcance para permitir la compra de todas las vacunas posibles, todavía en el año 2020, puso a Brasil en una situación de desventaja en la lista de los laboratorios farmacéuticos, imposibilitando que un gran porcentaje de brasileños fuese inmunizado en el primer semestre de 2021», continúa la Fiscalía.
El informe no solo aborda la cuestión de las vacunas, sino el otro gran tema central de la polémica gestión del Gobierno brasileño para combatir la pandemia, el uso de la cloroquina, un fármaco contra la malaria que a pesar de no contar con evidencia científica contra el coronavirus, ha sido halagado por el presidente Bolsonaro, que ha pregonado sus supuestas bondades.
Así, la Fiscalía califica de «ilegal» la conducta de Pazuello haciendo promoción de un medicamento que no cuenta con eficacia comprobada, siquiera por los organismos brasileños especializados en medicamentos, como la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
«Pazuello, actuó, por tanto, ilegalmente al proponer un tratamiento precoz contra la COVID-19 y, para eludir la necesidad de una evaluación previa» por parte de organismos como Anvisa, «lo llamó ‘protocolo’ de ‘orientación'», explica el texto, en el que además se cuenta cómo el Ministerio gastó 20 millones de reales (3,2 millones de euros) en campañas de publicidad sobre este tipo de fármacos.
«El conjunto de hechos ahora puestos en conocimiento del Poder Judicial es una muestra suficiente del manejo gravemente ineficiente e intencionalmente injusto (inmoral y poco ético) del demandado Eduardo Pazuello», cuya gestión, concluye la Fiscalía, le supuso al Estado pérdidas por valor de 121 millones de reales (19,5 millones de euros).
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