El secretario ejecutivo del Ministerio de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, presentó los datos en rueda de prensa y afirmó que en mayo las alertas por deforestación cayeron un diez por ciento, y en los cinco primeros meses un «31 por ciento».
Las alertas se captan por un sistema vía satélite que detecta alteraciones en la cobertura vegetal en áreas mayores de tres hectáreas, tanto en el caso de degradación (tala, minería) como incendios.
El presidente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), Rodrigo Agostinho, dijo que en lo que va de año el Gobierno aplicó 2.230 millones de reales (casi 453 millones de dólares) en multas por delitos ambientales, lo que significa un aumento del 160 por ciento respecto al mismo periodo de 2022.
Además, hubo 7.196 notificaciones por delitos ambientales y 2.255 haciendas o propiedades embargadas: «Estamos siendo muy duros para conseguir esos números (de reducción de la deforestación)», dijo Agostinho.
El presidente Lula se marcó como objetivo para su Gobierno llegar a la deforestación cero en el año 2030 fortaleciendo los órganos de control ambiental y ofreciendo alternativas de desarrollo sostenible a los habitantes de la selva.
Esta semana presentó un plan de combate a la deforestación en la Amazonía que ya se puso en marcha en 2004, en su primer mandato, y dio muy buenos resultados, ya que entre ese año y 2012 la destrucción de la selva cayó un 83 por ciento.
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