El operativo más letal en la historia reciente de Río de Janeiro ha generado protestas, no sólo en una parte de la sociedad civil y política brasileña, sino también desde el propio Tribunal Supremo, donde el juez Edson Fachin ha pedido a la Fiscalía investigar posibles irregularidades ante los indicios de que se cometieron «ejecuciones arbitrarias».
No obstante, Bolsonaro ha considerado «una gran ofensa para el pueblo, que desde hace mucho es rehén de los criminales», que se trate como «víctimas» a «los traficantes que roban, matan y destruyen familias».
«Los medios y la izquierda los iguala, al ciudadano común, honesto, que respeta las leyes y al próximo. Es una grave ofensa al pueblo que desde hace mucho es rehén de los criminales. Enhorabuena a la Policía Civil de Río de Janeiro», ha escrito en su cuenta de Twitter.
El presidente brasileño también ha querido recordar al agente de Policía que falleció durante esa operación, Andre Leonardo, quien, ha dicho «será recordado por su coraje, así como todos los guerreros que arriesgan su propia vida en su misión diaria de proteger a la gente de bien».
Leonardo es una de la 28 personas que murieron durante aquel operativo del pasado jueves contra una banda criminal que utilizaba menores de edad para cometer asesinatos, robos y secuestros. No obstante, desde organizaciones de Derechos Humanos se ha calificado aquello de «masacre», pues no todos los fallecidos contaban con antecedentes o participaban en ningún grupo delictivo.
La labor de la Policía Civil también ha sido criticada por haber desmantelado los escenarios de las muertes y no haber dado tiempo a las autoridades judiciales a confirmar cómo se produjeron los acontecimiento de aquella tarde. Algunos de los detenidos durante el operativo han asegurado que fueron obligados a cargar con los cuerpos de las víctimas hasta los furgones blindados de la Policía.
