La Fiscalía de Bolivia presenta el último trámite administrativo para la petición de extradición de Murillo

El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo

Arturo Murillo

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El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, ha informado este martes de que ha sido presentado el último trámite administrativo para solicitar la extradición a Estados Unidos del que fuera ‘número dos’ de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, detenido en aquel país por un delito corrupción y blanqueo de dinero.

Lanchipa ha contado que la Fiscalía ha presentado ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz más de 2.000 folios con toda la información necesaria traducida al inglés para que la autoridad judicial pueda solicitar a Estados Unidos la extradición del antiguo ministro de Gobierno.

De acuerdo con Lanchipa, la Fiscalía ya ha cumplido con el último trámite administrativo para la Justicia boliviana inicie el trámite de traer de nuevo al país al que fuera mano derecha de Áñez, quien también se haya en prisión a la espera de juicio por una serie de causas abiertas, entre ellas su papel en la crisis política de 2019.

«Ahora corresponde a la autoridad jurisdiccional emprender ya el procedimiento correspondiente a través del Ministerio de Exteriores; la autoridad judicial es la que ahora tiene en sus manos toda la documentación traducida para ser enviada a Estados Unidos», ha explicado Lanchipa.

Murillo permanece detenido en Estados Unidos desde finales del pasado mes de mayo por su participación en una red de sobornos y lavado de dinero, que le puede suponer una pena de 20 años de prisión si es hallado culpable.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que dos ciudadanos estadounidenses pagaron 602.000 dólares (unos 170.000 euros) en sobornos «en beneficio de Murillo» para que la empresa de uno de ellos «obtuviera y mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa» para un contrato de 5,6 millones de dólares (4,6 millones de euros), que suministró gas lacrimógeno y otros equipos no letales.

Esa demanda de material antidisturbios se enmarca dentro de las protestas que surgieron después de que el expresidente Evo Morales se viera forzado a renunciar a su victoria de las elecciones de octubre de 2019, acosado por la oposición y las Fuerzas Armadas, quienes le acusaron de un supuesto fraude electoral.

Durante las siguientes semanas se produjeron fuertes protestas y movilizaciones contra la destitución de Morales y la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina, con las masacres de Sacaba y Senkata como los episodios más funestos de aquellos meses convulsos, en los que murieron fruto de la represión del Ejército y la Policía una veintena de personas y cerca de 200 resultaron heridas.

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